Skip to main content

  

En varias ocasiones me he referido  a las consecuencias económicas que el reto secesionista está  ocasionando y al temor de que la prolongación de la incertidumbre generada por el mismo  acreciente progresivamente  el deterioro social y económico aunque, en los últimos días,  la calculada y  medida  intervención del gobierno central haya aliviado  la inquietud de ciudadanos y mercados. Pero siendo trascendental y lamentable  ese aspecto lo son tan importantes  o más,  si cabe,  por un lado,  la consolidación de la  fractura, ya inevitable,  de la sociedad  catalana y, de otro,  la resolución final del conflicto.

Creo que la mayoría de españoles coincidimos en que la aplicación del Artículo 155 era absolutamente necesario ante la  contumaz rebeldía, estulticia y  falta de rigor estratégico de los  dirigentes  separatistas catalanes,  pero nos equivocaríamos tremendamente si consideramos que  su activación supone el punto  final de este desdichado asunto.  La incertidumbre política y social no ha disminuido un ápice y  es difícil predecir   en qué estado llegaremos al 21 de Diciembre,  si  la implementación de ese Artículo  generará  mayores problemas,  o, lo que es más importante,  que el resultado de las urnas termine  por  respaldar  a la mayoría radical generando  otras  expectativas  de enorme trascendencia. ¿Qué respuesta daríamos a unos resultados  de esta naturaleza?.  

La prudencia aplicada para desmontar el intrincado y complejo escenario  perpetrado por esta caterva de incitadores políticos de medio pelo debe extenderse,  a mi juicio, a prevenir esa posibilidad incluyendo un plan concreto que evite vernos sorprendidos nuevamente. Algunos partidos parecen cifrar esa respuesta  en la anunciada reforma de la Constitución que, además de otros aspectos trascendentes, incluiría la exploración de vías alternativas  conducentes a buscar un encaje de Cataluña en España sin que suponga un nuevo privilegio para esa región. Sin embargo, a mi juicio,   esa solución no  resulta  fácil,  no solo  por la complejidad que encierra en sí misma sino  porque, mucho me temo,   que las exigencias derivadas de un respaldo mayoritario serían de otra naturaleza. 

Más lejos, incluso, de estas  consideraciones  y admitiendo  que se consiguiera ahora el encaje  político y administrativo deseado, ¿no supondría una nueva dilación del problema?.  ¿Sería suficiente para demoler el edificio separatista construido durante cuatro décadas por el adoctrinamiento basado en la inmersión lingüística y sus derivaciones?. Lo congruente  sería  aprovechar la anunciada  reforma de la Constitución para privar de las competencias educativas a las comunidades autónomas pero, además de resultar una cuestión inabordable para algunos partidos, no parece, ni siquiera, estar en la voluntad del gobierno si nos atenemos a las manifestaciones de su ministro portavoz,  cuando dice que los casos referidos a la imposibilidad de escolarizar a los niños en español  y el adoctrinamiento en las aulas no constituyen ningún problema cuando todos sabemos que, en realidad, los centros escolares y la universidad  suponen el mayor vivero de independentismo, aspecto que, proyectado a futuro,  sería imparable a medio plazo.  

En resumen, en mi criterio, no parece tan claro, a pesar del paréntesis abierto ahora, que el panorama recobre visos de normalidad  ante  tan diversas  y complejas  expectativas que permanecen abiertas. El respaldo internacional y el miedo al deterioro económico inmediato  nos han salvado ahora de que el conflicto se encriptara y desembocara en una verdadera revolución secesionista. ¿Se mantendrían esos apoyos internacionales si los resultados electorales avalaran los postulados separatistas?

 

 

 

 

 

Dejar un comentario