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Un demoledor pronóstico sobre el futuro de la economía española, publicado por los analistas del Deutsche Bank, pone de manifiesto que será la más castigada por los efectos de esta pandemia que estamos atravesando. Concretamente cifra el descalabro del PIB durante el segundo trimestre en el entorno del 20% frente al 11.4% del conjunto de la UE. El informe está basado en su débil estructura especialmente dependiente del turismo y del sector servicios. Por otro lado también incluye una alerta sobre la elevada tasa de trabajo temporal y su falta de estabilidad.   

Efectivamente, el turismo es uno de los sectores más decisivos en la composición del PIB, ya que supone el 15% del mismo, y, junto a la hostelería, que  aporta otro 6%, representan casi la tercera parte del sector servicios en el cual, precisamente, se ha centrado la mayor incidencia negativa provocada por esta pandemia. La paralización total de la actividad turística y hostelera  no solo se contrae al plano más inmediato sino que, de acuerdo con las referencias anticipadas por el gobierno, puede afectar a la temporada veraniega si se cumplen sus intenciones de vetar la entrada de visitantes extranjeros. De confirmarse esta posibilidad frenaría claramente las expectativas de recuperación de la economía española, no solo por la repercusión directa que  supone este sector para la actividad económica general, sino también por su influencia en la evolución de la actividad de otros sectores. La consecuencia más inmediata, que ya estamos  constatando, es la pérdida de empleo, según confirman los datos conocidos del mes de febrero, cifras que se elevarán sustancialmente en marzo. Estos datos hacen temer un resultado a final  de año que puede alcanzar una cota próxima al 23%, desde el 13.4% actual, si nos atenemos a  las estimaciones más optimistas.

Por otra parte, la irrupción de esta crisis sanitaria y sus fatídicas secuelas económicas, ha llegado en un momento en que las finanzas públicas están en pleno periodo de ajuste, tanto por lo que respecta al Déficit Fiscal como de la Deuda Pública. Recordemos que ese esfuerzo lo venimos realizando desde 2008, cuando el Déficit se situaba en el 11.2% del PIB, nivel que se ha reducido al 2.7% a final de 2019, pero lejos del compromiso pactado con Bruselas después de desaprovechar los años de bonanza para mejorar su saneamiento. De igual manera, por lo que respecta a la Deuda Pública, sobre la que también estábamos exigidos para situarla en niveles cercanos al 60%, su importe ascendía al 95.5% del PIB a final de 2019, posición que no permite margen alguno para encarar las tremendas exigencias de recursos que demanda el deterioro que está sufriendo la economía española. A estos elementos debemos añadir el déficit de la Seguridad Social, cifrado el pasado año en 4.000 millones de euros, desequilibrio que puede agravarse aún más en los meses venideros, proyectando más sombras sobre la sostenibilidad del sistema y la capacidad de nuestra economía para responder a esta  complicada tesitura.  

La activación de las líneas preventivas de préstamos procedentes del fondo de rescate permanente (Mede) decidida por el Eurogrupo, siempre y cuando esté exento de la condicionalidad específica que conlleva, aunque su utilización, según el apartado 16, está limitada exclusivamente a la financiación doméstica de los costes sanitarios derivados de la pandemia, puede suponer un balón de oxígeno para las mermadas arcas españolas. Sin embargo, en mi opinión, estos recursos y los librados, hasta hora, no son suficientes para detener el progresivo deterioro que puede estar sufriendo nuestra economía.

En conclusión, los próximo meses serán de una especial tensión en las cuentas públicas españolas, ya que será ineludible apelar a nuevas emisiones de deuda pública que, según todas las estimaciones, puede alcanzar el 130% del PIB, y en un nivel de Déficit Publico que se elevaría, en el mejor de los casos, al 7%. Este escenario nos obliga a aprovechar todos los recursos, tanto propios como  los procedentes de los  mecanismos que ya se están poniendo a nuestra disposición por parte de las instituciones correspondientes.   

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