Santiago de Córdoba Ortega
Historiador y miembro de la Sociedad Fabiana España
A mis 83 años, alejado desde hace casi tres décadas de la primera línea política, observo con tristeza cómo la vida pública se ha degradado hasta convertirse en un estado permanente de barahúnda, elecciones frecuentes sin que terminen los mandatos y propaganda vacía. Los gobernantes parecen haber olvidado las urgencias materiales del ciudadano de a pie —el empleo digno, la enseñanza, la vivienda y la sanidad— por estar ocupados en el insulto recíproco y en la pura supervivencia, incapacitados para tejer los grandes acuerdos que exige una democracia madura.
Para colmo de males, el PSOE y Sumar han pactado modificar el Código Penal. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha celebrado el acuerdo afirmando que «se trata de un paso esencial en las derogaciones de las leyes mordaza». En concreto, la reforma suprime las injurias y calumnias a la Corona y a instituciones como el Gobierno, el CGPJ, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, los ejecutivos autonómicos y los tribunales superiores de justicia. También se eliminan las injurias a las Cortes Generales y a las asambleas autonómicas, despenalizando el uso de la imagen de la Familia Real, los ultrajes a España y sus símbolos, y las ofensas a los sentimientos religiosos. Respecto al artículo 504, desaparecen las injurias a las instituciones, pero se mantienen las amenazas graves y la intimidación.
Frente a esto, el portavoz socialista Artemi Rallo argumenta que se pretende «fortalecer la libertad de expresión» alineando al país con la ONU, mientras Urtasun añade que «esto no desprotege a absolutamente nadie» y que «la cultura solo puede florecer plenamente allí donde existe la libertad creativa». Cabe preguntarse: ¿desde cuándo injuriar y calumniar es un acto creativo?
Como espejo deformante de estas tensiones, el humor gráfico y literario ha funcionado históricamente en España como un infalible termómetro para medir los límites reales de la libertad de expresión. Al examinar el devenir de la sátira nacional, emerge un agudo contraste entre la era dorada de la revista La Codorniz durante la dictadura franquista y el ecosistema satírico de la actualidad. Esta evolución revela una profunda mutación en el perfil sociológico de los creadores, en la naturaleza de su lenguaje y en los sutiles mecanismos de control que el poder utiliza para desactivar la disidencia incómoda.
La crítica pública ha pasado del humor elíptico e inteligente impuesto por la censura franquista a la provocación directa de la era digital. Dos formas de enfrentarse al poder que reflejan contextos, lenguajes, riesgos y responsabilidades muy diferentes
Como historiador conozco bien los períodos en los que se subdivide la Historia; como político retirado, viví y participé activamente desde 1969 en la transición de la dictadura a la democracia, hasta que en 1995 me retiré a la vida familiar. Siempre entendí la política como el arte de lo posible, pero en la práctica acaba chocando con los «intereses creados» y con leyes ajenas a la realidad social. Ante una ciudadanía vulnerable que clama por soluciones, la acción política se paraliza y deja desatendidas las verdaderas miserias humanas. Como en el célebre soliloquio de La vida es sueño, donde al mirar alrededor se descubre siempre un sufrimiento mayor, la política debería servir para socorrer al más desfavorecido; en lugar de eso, hoy prevalecen los partidismos por encima del bien común.
Durante los años más grises de la posguerra, la cumbre del humor absurdo, elíptico e inteligente estuvo en manos de la llamada «otra generación del 27» y sus brillantes sucesores. Figuras como Miguel Mihura, Álvaro de Laiglesia, Tono, Edgar Neville y Enrique Jardiel Poncela sentaron las bases de una publicación que hizo de la restricción un arte vanguardista, a la que se sumarían creadores de la talla de Antonio Mingote, Chumy Chúmez, Máximo, Mena, Gila, Forges y Rafael Azcona.
Lo verdaderamente singular de este grupo era su procedencia socioeconómica y su sólida formación académica. Pertenecientes en su mayoría a la burguesía culta o a la aristocracia, poseían redes de seguridad y un bagaje enciclopédico que los situaban en una posición de proximidad física con el propio poder, compartiendo cafés y tertulias con los mismos ministros y censores encargados de vigilarlos. A través del surrealismo y el «no decir diciendo», desarticulaban el pomposo discurso oficial sin ofrecer un motivo legal para la prohibición, salvando la dignidad del intelecto. Todos ellos «decían sin decir»; siempre tenían presente la advertencia de Francisco de Quevedo: «El exceso es el veneno de la razón». Él pagó con la cárcel el atrevimiento de sus escritos, dejándonos una dura lección de pragmatismo: «Donde hay poca justicia es un peligro tener razón».
La reforma en tramitación propone retirar del Código Penal diversos delitos de expresión vinculados a la Corona, las instituciones, los símbolos nacionales y los sentimientos religiosos. La infografía sintetiza el núcleo del debate planteado en el artículo: ampliar la libertad de expresión sin confundirla con el derecho a injuriar, calumniar o intimidar.
En el polo opuesto, los artistas encausados en las últimas décadas provienen de orígenes populares, con una formación autodidacta, digital y contracultural nacida de internet, la música callejera o el diseño gráfico. Su relación con el poder es de distancia absoluta y su canal son las redes sociales. Esta transformación ha condicionado una crítica fundamentada en la literalidad explícita, la provocación directa y la ruptura de los tabúes sociales, monárquicos o religiosos. Nombres como Guillermo Torres, Manel Fontdevila, Edu Galán, Darío Adanti, Dani Mateo, Facu Díaz, David Suárez o músicos como Pablo Hasél, Valtònyc y César Strawberry han visto sus obras fiscalizadas por la justicia. El artista de hoy recurre a la crudeza verbal y a la hipérbole para golpear la conciencia de forma instantánea, asumiendo el riesgo de chocar con el Código Penal; pero no les importa, saben que tras la sentencia conseguirán el indulto del Consejo de Ministros.
Es preocupante esta falta de madurez que impregna a los supuestos creadores de la crítica al ignorar el rico legado humanista que exige cualquier transformación social. Sin ese suelo ético, el poder político y económico se adueña de las estructuras comunes y obliga al resto de los mortales a la obediencia social como masa informe, y no como individuos libres.
Llegados a este punto, resulta ineludible abordar la dimensión ética del lenguaje público. La palabra no es un instrumento aséptico ni un mero recurso para el desahogo visceral, sino la estructura viva sobre la que se edifica la convivencia democrática. Desde la ética del discurso formulada por pensadores como Jürgen Habermas o Karl-Otto Apel, toda apelación a la palabra en la esfera pública conlleva de forma intrínseca la inclusión en una «comunidad ideal de diálogo» regida por la veracidad, la rectitud normativa y el respeto mutuo. Quien destruye la contención en el lenguaje público no solo enrarece el debate político; rompe el contrato cívico elemental donde la inteligencia no tiene cabida, pero sí los sentimientos personales desbordados para satisfacer su descontento..
El derecho individual al libre albedrío y a la libertad de expresión no existe en el vacío ni puede ser concebido como un cheque en blanco sin contrapesos. Ninguna persona es una isla: nuestra libertad está legítima y necesariamente subordinada al bien común y al equilibrio de la sociedad a la que pertenecemos. Una democracia madura no es la ley de la selva ni la consagración del atrevimiento gratuito, sino un sistema reglado que exige normas, entre las cuales figura el límite infranqueable de la dignidad ajena. La libertad desprovista de responsabilidad moral degenera inexorablemente en la ley del más fuerte.
La libertad de expresión solo alcanza su verdadero sentido democrático cuando se equilibra con la verdad, la responsabilidad, la dignidad ajena y el respeto al discrepante. De Quevedo a Habermas, la tradición humanista recuerda que la palabra libre no puede separarse de la ética pública.
La amnesia de quienes pretenden dirigir a las fuerzas progresistas resulta insólita cuando se confronta con las sólidas raíces del pensamiento crítico internacional. Quienes hoy confunden la libertad con el descontrol verbal o el agravio impune olvidan que los grandes teóricos de la emancipación social jamás desligaron la libertad de expresión de la búsqueda de la verdad, la razón moral y la responsabilidad colectiva.
Ya lo decía el fundador del PSOE, Pablo Iglesias Posse: «la violencia en la palabra o el insulto son propios de quienes carecen de razones». En esa línea, Jean Jaurès señalaba que el valor consiste en buscar la verdad y no en el desprecio del adversario; Albert Camus recordaba en las páginas de Combat que «un lenguaje degradado termina por degradar la política y las costumbres», advirtiendo de que si los medios son degradantes, el fin quedará corrompido; e Immanuel Kant exigía tratar al ser humano como un fin y nunca como un medio. Ni la dignidad de Manuel Azaña al definir la República como una institución jurídica de suprema responsabilidad, ni la lección de Antonio Machado: «Para dialogar, preguntad primero; después… escuchad». Hoy se desvincula la libertad del respeto.
Conviene recordar también al propio Karl Marx cuando, en sus artículos juveniles de 1842 en la Gaceta Renana, defendía la libertad de prensa precisando que el lenguaje libre no era un pretexto para el insulto banal, sino «la forma más general que tienen los individuos de comunicar su existencia espiritual», aduciendo que sustituir la razón por la chabacanería equivale a envilecer al propio pueblo. En esa misma tradición, Rosa Luxemburgo dejó una lección célebre en 1918: «La libertad es siempre y exclusivamente libertad para el que piensa de otro modo». Para Luxemburgo, el valor de la libertad reside en el respeto sagrado al discrepante en el debate de ideas, no en una patente de corso para la calumnia o la zafiedad. De forma análoga, Mijaíl Bakunin advertía que «la libertad sin socialismo es privilegio e injusticia, pero el socialismo sin libertad es esclavitud y brutalidad»; una libertad concebida como realización en comunidad, nunca como un salvoconducto para que el egoísmo atente contra la convivencia. Incluso en la tradición ilustrada y republicana de Voltaire se defendió el derecho inviolable a expresar la idea desde la condición de sujeto racional, no como escudo para la agresión o el menoscabo deliberado.
Cuando se rompe este delicado equilibrio del lenguaje ético, las consecuencias más nocivas e irreparables caen sobre los eslabones más vulnerables de la red social: los niños y los jóvenes. En pleno proceso formativo y en situación de total dependencia de la red social, familiar y digital en la que crecen, las nuevas generaciones no están en igualdad de condiciones para defenderse del entorno moral que las rodea. Cabe preguntarse si este vaciado penal no terminará afectando a todos, desde la enseñanza primaria hasta a mí, que estoy tocando mi horizonte final; porque si los padres y los gobernantes pueden injuriar y calumniar impunemente en el espacio público, ¿por qué los niños y niñas no van a poder injuriarse entre sí, o incluso a sus propios progenitores, amparados en la libertad de expresión? ¿No son los adultos y las instituciones el espejo donde se miran los hijos? Si se legitima el insulto o la calumnia impune en nombre de una malentendida «libertad», el espejo institucional e intergeneracional queda completamente roto.
La degradación del lenguaje público desciende desde las instituciones y los medios hasta las familias, las escuelas y las nuevas generaciones. Cuando el insulto sustituye al diálogo y se pierde el respeto al discrepante, el espejo de la convivencia se rompe y la democracia queda debilitada.
Esta deriva me sitúa ante un dilema moral desgarrador. En su día manifesté mi desacuerdo cuando el expresidente Felipe González declaró que votaría en blanco si Pedro Sánchez repetía como candidato. Sin embargo, la decepción acumulada me obliga hoy a madurar una dolorosa certeza: si se convocan elecciones, posiblemente yo haga exactamente lo mismo, por estricta coherencia frente a unas siglas a las que han vaciado de historia, pero sobre todo de sus hombres y mujeres; una crítica que extiendo no solo al PSOE, sino al PCE y a ese largo índice de siglas satélites que le merodean y esconden a los verdaderos responsables: las miopes «cabezas de ratón».
En las próximas elecciones —que serán pronto, porque la coalición desvertebrada que sostiene al Gobierno huirá en estampida—, no nos llaméis a las urnas con cantos de sirena para solucionar los problemas del pueblo, porque si lo hacemos seremos cómplices sumisos de vuestro sectarismo y vuestra quiebra moral. Si finalmente acudo y voto al PSOE, lo haré de forma dolorosa, tapándome la nariz. Este no es mi PSOE por el que tanto arriesgué en Madrid durante el franquismo (1969-1975) y que reorganicé en la provincia de Jaén (1976-1979).
Rendir tributo a la libertad de expresión no consiste en desmantelar los límites de la decencia y del respeto mutuo. Exige, por el contrario, recuperar la sobriedad, la responsabilidad en la palabra y la dignidad del discurso que cultivaron los grandes librepensadores de la historia. Quienes lucharon por la emancipación social sabían bien que sin ética pública, la libertad deviene en la ley de la selva y la democracia en un triste e irresponsable simulacro.
Como el viejo romance fronterizo, me dirijo al Parlamento y a quienes se sientan en él en supuesta defensa de la mayoría social, y exclamo como el moro viejo:
¡Ay de mi Alhama!
¿Para qué nos llamas, rey?
¿Para qué es esta llamada?
Habéis de saber, amigos,
que cristianos de braveza
ya nos han ganado Alhama.
¡Ay de mi Alhama!
Imagen portada: La importancia de la política en la sociedad actual (Universidades.app)
