La construcción de la Unión Europea ha pasado por diferentes etapas no exentas de profundas disensiones entre los 27 países miembros, que han sido superadas, a duras penas, unas veces impulsadas por la racionalidad y la conveniencia de evitar males mayores, y otras aparcando los temas más espinosos y complejos que requerían una implicación más profunda y un compromiso real para cerrar el círculo que abarcaría, incluso, la mutualización de las deudas de cada estado.
Hasta ahora, aspectos fundamentales como la Unificación Fiscal, la Unión Bancaría, el Fondo de Garantía de Depósitos o el Mecanismo de Resolución Bancaria, guardan un turno incierto para ser abordados, porque exigen comprometer posiciones hasta ahora intocables. Este paso trascendental y definitivo, conllevaría una reciprocidad que obligaría a respaldar la estabilidad de cualquier estado por el deterioro de cualquier tipo que pueda afectarle, considerándolo como si fuera propio.
La coyuntura que estamos viviendo, provocada por un enemigo encubierto y letal, ante el que estamos prácticamente inermes, ha demandado implementar una serie de medidas extraordinarias, tanto sanitarias como económicas, para minimizar las nefastas consecuencias que está provocando, pues si en el aspecto sanitario ya se está cobrando un precio muy lamentable, es también funesto el estropicio económico que está generando.
La aplicación de esas medidas, impulsadas por cada estado y complementadas por las instituciones implicadas, han impulsado al BCE a destinar un contingente de hasta 750.000 millones de euros, que se suman a los 120.000 acordados anteriormente, para inundar el mercado de liquidez, retomando el programa de compra de bonos, tanto estatales como privados. Sin embargo, si para algunos países, estos impulsos más los propios son suficientes, para otros, entre los que se incluyen Italia y España, resultan claramente exiguos, por lo que consideran que es el momento de romper aquellas barreras, hasta ahora indesbordables, emitiendo coronabonos, es decir, deuda de la UE, cuya garantía compete a todos los estados miembros, lo que ha provocado una de las mayores disensiones en el seno de la Zona, comandada por Alemania, Holanda y Austria.
La reunión de los Jefes de Estado prevista para esta semana se proyecta realmente decisiva para poder evaluar si, una vez más, las diferencias de criterio puestas de manifiesto en ocasiones anteriores, se diluyen, lo que significaría un paso trascendental en la construcción de la UE, o si, por el contrario, se añade otro desencuentro más a la ya copiosa serie de los acontecidos hasta ahora, lo que supondría deshacer otro eslabón de la cadena que sostiene la estabilidad de la institución e incrementar la desafección al proyecto europeo.
Si bien se podría activar el mecanismo previsto en el MEDE, esta opción es frontalmente rechazada por Italia y España, porque estaría supeditada a admitir las condiciones previstas en tales casos en materia de futuros ajustes, reformas y supervisión de la troika. Es verdad que el margen de maniobra no es el mismo en cada uno de los estados miembros, y de ahí las divergencias planteadas, ya que sus posiciones en cuanto a los niveles de Deuda Pública y Déficit Fiscal son muy dispares, lo que determina y limita la capacidad de respuestas y, en este caso, los más afectados son, precisamente, España e Italia. Pero también es cierto que estamos ante una emergencia máxima y que, por tanto, es el momento de dar el paso, aunque sea muy medido, para atajar esta situación, aunque, posteriormente, haya que poner un estricto orden en el rigor de la gestión y falta de disciplina de estos países.
