Los datos adelantados del cierre del pasado año de nuestra economía, marcan unos registros bastante satisfactorios, si nos referimos al incremento del PIB, la creación de empleo, más tarde nos referiremos a su calidad, el impulso de la demanda interna, el empuje del turismo, etc. Sin embargo, otras variables como el déficit y la deuda pública presentan niveles cuyo acoplamiento requerirá, indudablemente, de nuevos ajustes que pueden afectar al sistema fiscal y a nuevos planteamientos que permitan reducir las ya comprometidas cotas en que se ha situado la deuda estatal.
Con la entrada del nuevo ejercicio abundan las estimaciones sobre el comportamiento de nuestra economía y sus proyecciones sobre las diferentes variables mencionadas. Así existe cierto consenso en torno a un descenso del ritmo de crecimiento del PIB, que si el pasado año se situó en un saludable 3.3%, auspiciado por los vientos de cola que suponían tanto el nivel desconocido de los tipos de interés, el auge del consumo privado y el precio del petróleo, que facilitó una baja inflación y preservó el poder adquisitivo de los salarios y las pensiones, encorsetados en incrementos en torno del 1%, existe casi unánime coincidencia en situarlo para este ejercicio en registros próximos al 2.6 como consecuencia del efecto negativo que supondrá unas gasolinas más caras, tipos de interés al alza, costos laborales en franca escalada y menor dinamismo de la balanza exterior.
Igualmente debemos referirnos a los efectos que este nuevo marco proyectará sobre el empleo. Aunque las evaluaciones que conocemos incluyen una minoración del avance la economía, como hemos dejado señalado anteriormente, si, efectivamente, se confirmaran los registros alcistas dibujados del PIB, se podrían crear otros 350 o 400.000 puestos de nuevos empleos. La nota negativa podría ser la calidad del mismo, si bien existen estudios que ponen de manifiesto que los niveles actuales de temporalidad de los contratos son muy similares, incluso en algunos momentos superiores, a los registrados en otros períodos anteriores de nuestra economía.
Por lo que respecta a los salarios, existe cierto consenso entre los agentes sociales, en la necesidad de relajar los límites de incremento en la renovación de los convenios colectivos hasta cotas próximas al 2% si, en contrapartida, se conviene un impulso de la productividad capaz de compensar el esfuerzo empresarial que permita no trasladar el incremento de los costos a los precios, medida que, por otra parte, estaría complementada por la promesa del gobierno de rebajar los tipos de gravamen del IRPF para mantener y apuntalar el consumo de los hogares.
En definitiva, se trata de sostener el ritmo actual de la actividad económica preservando la capacidad adquisitiva de los salarios y pensiones, para facilitar la continuidad del positivo avance de la creación de empleo.
