La persistente intención del gobierno de intervenir en el mercado del alquiler con el objetivo, según su criterio, de frenar el progresivo incremento de los precios, está encontrando la casi total oposición de expertos, economistas y organizaciones ciudadanas. Es verdad que durante los últimos años se está produciendo un cambio de tendencia en los hábitos de los españoles con respecto a la opción del alquiler que, según el INE se sitúa en el 17.50%, cifra que, aun así, sigue estando muy lejos de las de otros países de nuestro entorno como Alemania, donde ese índice alcanza el 48.6% o Austria, con el 45%.
Las circunstancias que han incidido en este cambio de tendencia, a pesar de la recuperación del empleo y de los salarios, son de diversa índole, si bien no tienen igual relevancia en todas las provincias. Desde el incremento del precio de la vivienda, tras superar el bache provocado por la reciente crisis, aunque esa recuperación no haya sido uniforme en todo el territorio, hasta el mayor rigor en las concesiones de préstamos hipotecarios por parte de las entidades financieras, pasando por las dificultades de los jóvenes para acceder a una vivienda en propiedad, bien por la escasez del ahorro adicional para suplir la parte no financiada y los gastos, o por la precariedad del mercado laboral o la falta de ingresos suficientes para atender las amortizaciones mensuales. Asimismo, el desajuste de la oferta y la demanda, debido a la falta de incentivos para los arrendadores, y la insuficiente constatación de la seguridad jurídica, son, entre otras, causas que gravitan sobre el desplazamiento que se está produciendo en beneficio del alquiler.
Por otro lado, los argumentos más concretos de los agentes implicados que respaldan el rechazo del intervencionismo gubernamental en este tema se centran, por una parte, en el efecto contrario para el mercado que supondría esta posible reforma, ya que incidirá directamente en la oferta que se verá reducida al limitar la rentabilidad del alquiler y disuadir a los potenciales inversores. Del mismo modo, aunque los efectos de las nuevas medidas tuvieran incidencia solo en determinadas zonas, elevaría el precio de las áreas colaterales cercanas a donde se implante. De otra parte, la restricción de los incrementos en los contratos en vigor están suficientemente regulados al estar limitados a la evolución anual del IPC. Y, finalmente, en todo caso, se debe tener en cuenta que la expansión de los precios que están sufriendo los alquileres se circunscribe a unas pocas ciudades, por lo que las medidas a aplicar podrían generar efectos indeseados en otras muchas provincias donde el mercado se autorregula por sí mismo satisfactoriamente.
En mi criterio son otras medidas las que deberían implementarse para conseguir una regulación inducida sin generar los efectos adversos comentados, las cuales girarían en torno a incentivar la oferta en el corto plazo para que los precios sean más asequibles, consolidar la seguridad jurídica para ambas partes, promover incentivos para la construcción de viviendas destinadas al alquiler, bien de índole estatal o privado y, en última instancia, reforzar las ayudas concretas para los jóvenes, según su edad y circunstancias personales, y para determinadas situaciones familiares en las que concurran bien falta de recursos o puedan encontrarse en riesgo de exclusión.
