Por FERNANDO MIRAS MORENO / Ya son muchos los casos que se vienen produciendo en los que grupos de personas, mayoritariamente jóvenes e incluso menores de edad, protagonizan actos delictivos o se enfrentan a las fuerzas de seguridad, policías y guardias civiles. Lo hacen, en ocasiones, sin el más mínimo respeto por las leyes ni por las normas básicas de convivencia y, algunas veces, con una violencia que sorprende por su crueldad y por la aparente ausencia de miedo a las consecuencias.
Pero quizá lo más preocupante no sea solamente el delito cometido, sino la actitud con la que algunos de estos jóvenes parecen afrontarlo.
Que conste que estoy de acuerdo con que las leyes protejan al ciudadano, y mucho más cuando se trata de un menor de edad. Un menor necesita protección, educación y oportunidades para corregir sus errores. La sociedad tiene la obligación de protegerlo. Sin embargo, proteger no debería significar eximirlo de toda responsabilidad.
La protección de las leyes debe estar dirigida, ante todo, a impedir que cualquier ciudadano sufra abusos, vengan de donde vengan. Y esa protección debería alcanzar también a quien ha cometido un delito, especialmente si es menor, pero no necesariamente para evitarle toda consecuencia por sus actos, sino para ayudarle a comprender la gravedad de lo que ha hecho y evitar que vuelva a hacerlo.
Porque no es lo mismo que una persona actúe al margen de la ley por desconocimiento, por inconsciencia o por unas circunstancias excepcionales, que hacerlo deliberadamente, sabiendo que está causando daño. Tampoco es lo mismo cometer un robo por necesidad que hacerlo por lucro. Y no es lo mismo una pelea fruto de un arrebato momentáneo que agredir a otra persona por diversión, por humillarla o simplemente por el placer de hacerle daño.
Las circunstancias importan. La edad importa. La intención importa. Y también debería importar el daño causado.
Con demasiada frecuencia vemos en las redes sociales y en los medios de comunicación imágenes de grupos de jóvenes, algunos menores de edad, que agreden, humillan o maltratan a otras personas, incluso a jóvenes de su misma edad o a personas mayores que viven en la calle. Y en algunos casos existe un elemento todavía más inquietante: quienes participan en estas acciones las graban con sus teléfonos móviles y posteriormente las difunden en las redes sociales, como si aquello de lo que deberían avergonzarse fuera, por el contrario, motivo de orgullo.
¿Qué ha ocurrido para que hacer daño a otra persona pueda convertirse en un espectáculo?
¿Qué clase de sociedad estamos construyendo cuando alguien es capaz de golpear, humillar o vejar a otro ser humano y, además, considera necesario grabarlo para enseñárselo a los demás?
No creo que la solución pase por endurecer las leyes indiscriminadamente ni por tratar a todos los jóvenes como delincuentes. Sería injusto y, probablemente, contraproducente.
No obstante, tampoco podemos mirar hacia otro lado cuando determinados comportamientos se repiten y adquieren una preocupante normalidad.
Un menor necesita protección, pero también necesita aprender que sus actos tienen consecuencias. Y quizá una de las mayores equivocaciones de una sociedad protectora sea confundir protección con permisividad.
Educar también significa poner límites. Enseñar que la libertad tiene un límite allí donde comienza el daño a los demás. Explicar que los derechos llevan aparejadas responsabilidades y que ninguna persona puede reclamar para sí el derecho a ser respetada mientras niega ese mismo derecho a los demás.
Hay algo que no deberíamos olvidar: detrás de cada acto de violencia hay una víctima. Una persona que sufre, que puede quedar marcada por lo sucedido y que también tiene derecho a sentirse protegida por las leyes.
Tal vez haya llegado el momento de preguntarnos si, en nuestro afán por proteger a quienes todavía están aprendiendo a vivir, no estamos olvidando en ocasiones a quienes ya han sufrido las consecuencias de sus actos.
Una sociedad justa debe proteger al menor, sí. Pero debe proteger también a la víctima. Y debe enseñar al primero que asumir la responsabilidad por lo que hacemos no es un castigo: es una de las condiciones necesarias para aprender a convivir con el resto de los ciudadanos.
