Por IGNACIO VILLAR MOLINA / La aversión al riesgo es un factor clave a la hora de tomar decisiones para invertir los ahorros, por eso una gran mayoría prioriza claramente la seguridad y protección de la totalidad de sus capitales, condición que es seguida por la liquidez, rentabilidad o fiscalidad de la inversión, y, por otros aspectos que también pueden incidir en la opción final y en la tolerancia al riesgo, como, el nivel de formación financiera, o el horizonte temporal de utilización de ese efectivo según las futuras circunstancias económicas personales.
Está claro que la capacidad de asumir cotas de riesgo configura los grupos en la que se engloban cada uno de los inversores y así podríamos definir tres perfiles genéricos: el conservador, el moderado, y el arriesgado o agresivo. En este sentido, los integrantes de cada uno de los mismos estarían asociados a unos concretos y adecuados productos financieros diseñados, y adaptados a sus características y conocimientos financieros. A tal fin los bancos están obligados a evaluar la cualificación financiera de sus clientes para adecuar la oferta de activos financieros al perfil del cliente para su consiguiente comercialización.
Hasta que los bancos dejaron de retribuir los depósitos de sus clientes, el producto por antonomasia preferido especialmente por el inversor de perfil ultraconservador eran los depósitos a plazo fijo, cuyas características reunían todos los requisitos exigidos en los aspectos de seguridad, basada en la propia entidad depositaria y respaldada, en última instancia, por el Fondo de Garantía de Depósitos, (hasta 100.000 euros por cada titular y cada entidad); y por una rentabilidad adecuada a la coyuntura económica del momento. Sin embargo la actual falta absoluta de retribución en una gran parte de los 936.000 millones de euros en depósitos bancarios situados en cuentas corrientes o cartillas de ahorros a la vista, ha obligado, especialmente al inversor conservador, a aceptar la necesidad de asumir algún nivel de riesgo para obtener algún beneficio que le permitiera defender la capacidad adquisitiva de sus capitales, especialmente cuando la inflación está registrando niveles desconocidos desde hace muchos años. La alternativa más común que desde entonces han ofrecido las entidades financieras a sus clientes se ha centrado en su mayor parte en los Fondos de Inversión, en cualquiera de sus innumerables variantes diseñadas con la pretensión de estar adaptadas a las características del perfil de riesgo de los grupos definidos anteriormente. Sin embargo esta alternativa no ha logrado en modo alguno satisfacer las exigencias de los ahorradores, sobre todo de los más cautelosos, como demuestran que el mayor contingente de ahorro efectivo sigue situado en cuentas corrientes o libretas de ahorro a la vista, y que el incremento de saldos de los Fondos de Inversión, desde que dejaron de primarse las IPF (Imposiciones a Plazo Fijo), no ha estado, ni mucho menos, en consonancia con los significativos incrementos del montante de los depósitos.
La acentuada continuidad de las principales entidades españolas, que concentran en torno a 700.000 millones de euros, un 75% de los depósitos totales, de no primar estos ahorros, se hace cada vez más insostenible debido a las presiones de los propios clientes, de destacadas instituciones y del propio gobierno, si bien las entidades siguen manteniendo su estrategia comercial justificada en su exceso de liquidez, que las propias entidades cifran en 600.000 millones de euros, que, por el momento, nos les exige la captación mayoritaria de nuevos recursos, argumento que, a su vez, se ve reforzado por los flujos de efectivo de las amortizaciones de los préstamos y créditos en vigor en un entorno en el que la demanda de nueva financiación se ha reducido considerablemente como consecuencia del frenazo de la actividad económica, contracción que incluye la reducción del número de operaciones hipotecarias ya que, según los últimos datos conocidos, el pago de la compra de nuevas viviendas se realiza en más del 50% en efectivo, y a la reducción del saldo vivo por la cancelación total o parcial anticipada que ha situado el montante vigente por bajo de los 500.000 euros.
En este contexto el reto que se plantea, especialmente para el inversor más conservador, es cómo conseguir el objetivo deseado con el mínimo riesgo a asumir. A falta, por el momento, del soñado retorno de las IPF retribuidas convenientemente, existen ya en el mercado otras alternativas que cumplen con las principales características que persigue este grupo que excluyen entrar en activos con riesgo de pérdida. Según la información de la prensa económica, ahora pueden conseguir rentabilidades entre el 3.49% y el 3.73% en títulos del Estado con la máxima garantía y a diferentes plazos, según el grado de utilización futura, con el atractivo añadido de una liquidez inmediata en el mercado de deuda pública, inversiones que pueden ser realizadas cómodamente en su entidad habitual aunque, en este caso, deban pagar un peaje en forma de comisión. Pero el universo de la elección es más amplio. El alza del precio del dinero ha disparado también el atractivo de los fondos de renta fija, que en estos momentos pueden alcanzar rentabilidades a partir del 3% sin asumir demasiados riesgos y, por otra parte, los fondos de rentabilidad objetivo se nutren de deuda pública privada y de los estados a plazos que oscilan de un año a tres años con retornos parecidos.
Por otra parte no deben olvidarse del mosaico de ofertas de las cuentas remuneradas en su doble vertiente de depósito simple o cuenta nómina. En el primer caso se trata de una cuenta corriente con disponibilidad libre que retribuye a un determinado tipo (puede variar del 2.50% al 3%) hasta un saldo máximo prefijado, sin condicionamientos de tipo alguno. En paralelo, la captación de nóminas ha dado lugar a una viva pugna en la que las entidades ofrecen incentivos que, en algunos casos, difieren significativamente debido a los tipos remunerativos que aplican, al saldo máximo que premian y al período al que se contrae el compromiso de retribución. La captación de este tipo de cuentas lleva aparejada en muchas ocasiones el pago en efectivo de una bonificación que puede oscilar de 200 a 400 euros, si bien también pueden estar condicionadas a un importe mínimo de la cuantía de la nómina percibida por el titular.
Por último y siguiendo la pauta marcada en este trabajo de priorizar la seguridad y liquidez de las inversiones, no debemos olvidar la importancia que tiene el plazo al que sometemos la disposición de los capitales. Cada tipo de inversión, excepto las cuentas corrientes remuneradas, que gozan de libre disposición en cualquier momento, tienen siempre una fecha de vencimiento pero que facilitan canales de monetización en los mercados secundarios al efecto; por otro lado siempre que realizamos una inversión con un plazo prefijado deberíamos analizar el horizonte temporal de nuestras necesidades para poder conjugar ambos factores y evitar alguna penalización. Por otro lado hay que tener en cuenta la tendencia de los tipos de interés ya que en virtud de la misma la rentabilidad de las inversiones realizadas puede quedar desfasada si los tipos tienen una tendencia claramente alcista.
*IGNACIO VILLAR MOLINA. Economista. Socio de Secot Jaén
