El artículo 47 de nuestra Constitución establece que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Nada más lejos de la realidad.
En los informativos (prensa, radio y televisión) de estos días se percibe una inquietud ante este tema que preocupa y afecta a un alto porcentaje de la población.
España, sobre todo en las provincias más modestas, ha sido tradicional que sus habitantes aspiren a ahorrar y financiarse para la adquisición de la vivienda que constituye su residencia habitual. Sin embargo, esta tendencia está cambiando.
Asistimos, ahora ya superada la explosión de la burbuja de la construcción inmobiliaria, a una nueva burbuja: La del alquiler de la vivienda.
Nunca ha sido más caro alquilar un piso en España que en estos momentos. El año pasado se registraron subidas en todas las comunidades autónomas, sin excepción.
La era de los millenials (jóvenes nacidos entre 1980 y 2000, la generación de la tecnología) con trabajos precarios e inestables, sueldos bajos y sometidos a gran movilidad geográfica y los miles de españoles de la antigua clase media, cuyas rentas siguen en los niveles de la crisis, hace que la adquisición de una vivienda sea una quimera difícil de alcanzar.
Y lo peor es que este fenómeno parece que no ha hecho más que comenzar, pues los expertos coinciden en que nos encontramos en los albores de la recuperación y que el precio del alquiler todavía no ha tocado techo.
¿Ha llegado el momento de intervenir el mercado del alquiler en favor de los ciudadanos? El debate está servido. La respuesta, claro, depende de a quién se pregunte. Para las agrupaciones de inquilinos no hay duda: “Se han de tomar medidas contra la especulación, es obvio. Este mercado no funciona según la teoría clásica de la economía, porque está muy tensionado por los fondos, que rompen los precios al alza y generan una expectativa de revalorización irreal, y por otro lado el alquiler turístico, que se nos vendió como economía colaborativa y está controlado por grandes propietarios», dice Jaime Palomera, uno de sus portavoces.
El cambio legislativo de 2013 no lo pidió nadie. Ni la Cámara de la Propiedad, ni siquiera el colegio de administradores de la propiedad tenía esta petición, porque esta es una reforma hecha a medida de la banca, que en 2013 estaba hasta arriba de inmuebles y no sabía cómo darles salida. Además, se eliminó la referenciación al IPC a la hora de actualizar los contratos, dando rienda suelta a la especulación más salvaje”, continua Palomera. «Nos vendieron que la ley iba a flexibilizar el mercado, que iba a hacer crecer el parque de vivienda y a bajar los precios, y al final ha sucedido que no hay más oferta, pero los precios están disparados y las Socimis (las Sociedades Cotizadas Anónimas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) se han hecho con un montón de inmuebles». Para los propietarios, los inquilinos abusan con impagos reiterados y la pésima conservación de los inmuebles.
Expertos y políticos sopesan cuáles son las mejores medidas para neutralizar el alza salvaje de precios que estamos experimentando en los últimos años.
El Ministerio de Fomento analiza medidas para evitar esta ‘burbuja’ en el alquiler de vivienda y analiza la normativa sobre alquiler de viviendas para determinar la posibilidad de articular medidas que eviten la formación de una ‘burbuja’ en este mercado, sobre todo en relación a su precio, según avanzó el titular del Departamento, Íñigo de la Serna el pasado día 17 de Abril: «Estamos realizando un análisis profundo de todo el ámbito normativo para ver la posibilidad de tomar medidas que favorezcan que no haya ‘burbujas’ en el alquiler en cuanto a los precios, algo que ya está empezando a aparecer”. Fomento analiza medidas para evitar una ‘burbuja’ en el alquiler de vivienda. No obstante, De la Serna descartó que entre estas medidas figure la de imponer precios máximos de alquiler, al considerar que este tipo de iniciativas «generan el efecto contrario» en precios y, además, «no favorece que los particulares pongan sus viviendas en el mercado de alquiler y se fomente la oferta», según declaraciones a Europa Press.
En declaraciones posteriores, el ministro ha dicho que Fomento está haciendo «un barrido general sobre todo el ámbito normativo», y que estudia no sólo la evolución de los alquileres sino también cuestiones relacionadas con los planes generales, el suelo y los códigos técnicos de edificación.
Lo que es cierto es que el parque de viviendas destinadas a explotación en alquiler es cada vez mayor (durante 2017 se anunciaron en idealista un total de 802.267 viviendas en alquiler), que la oferta de viviendas con uso turístico está de moda y que la tendencia de las nuevas generaciones no es la de vivir en un inmueble de su propiedad… La polémica está servida y, o se pone regulación al tema, o vamos de cabeza abocados a una nueva espada de Damocles que, como todo, estallará por algún sitio.
