Por IGNACIO VILLAR MOLINA / ¿Tienen las personas jóvenes un futuro con menos oportunidades que tuvieron sus padres pese a haber alcanzado mayores niveles educativos?. El 53% de los jóvenes menores de 34 años cuentan con educación superior 14 puntos por encima de 2004. Muchos expertos sostienen que el pacto generacional, que durante muchas décadas conectó a ambos grupos, está entretejido hoy con hilos de seda. Dos aspectos trascendentales, entre otros, se erigen como causas predominantes, por un lado el insuficiente nivel salarial; y, por otro, la inseguridad laboral lastrada por la inestabilidad, precariedad, y el alto nivel de desempleo juvenil (entre 16 y 24 años) que alcanza el 28.36 %, el más alto de la Unión Europea, según los datos publicados por el INE correspondientes a 2023.
El impacto de la gran depresión de 2008 fue inmenso puesto que en los años previos se habían incorporado al mercado de trabajo personas jóvenes y poco cualificadas que, mayoritariamente, habían abandonado los estudios. Desde 2008 el crecimiento del desempleo juvenil ha sido considerado un problema europeo que lideran los países del sur, y de forma más destacada España. Entonces la caída de la actividad productiva originó el crecimiento del paro juvenil y también la tasa NEET (personas jóvenes que ni trabajan ni se forman), en 2013 ambas tasas alcanzaron el 41,4% y el 22,5% respectivamente (sólo afectó al 16.4% en jóvenes con un nivel de estudios superiores).
Para mayor abundamiento la pandemia Covid-19 ha agravado, aún más si cabe, la situación laboral de las personas jóvenes de menos de 30 años, especialmente de los que tenían una situación más débil, incrementando la incertidumbre de incorporarse de forma fija al mercado laboral. La consecuencia negativa, que sigue subsistiendo, es la falta de oferta de empleo de calidad que permita a este nicho de población alcanzar un proyecto digno basado en una trayectoria laboral sostenible y para ello es necesario un cambio radical del modelo de crecimiento económico basado en la innovación y la investigación que sea capaz de generar empleo neto del nivel señalado.
De otro lado, los graduados necesitan una media de 5 años para que el 85.9% de los que trabajan encuentren un trabajo, y solo el 68.6% lo hace con un trabajo laboral indefinido, mientras que el 31.4 % lo hacen de forma temporal. Recordemos además que, según datos del CYD, España es el país de la UE con mayor porcentaje de empleados que no trabajan en los puestos que les corresponderían en consonancia con su nivel de estudios y su preparación.
Ante estas evidencias no es extraño que en España la edad media de emancipación se retrase hasta los 30.3 años, y que en la actualidad se haya incrementado un 7% la diferencia total de jóvenes que viven en el hogar familiar, siendo el cuarto país de la Unión Europea donde los jóvenes lo abandonan más tarde, solo detrás de Croacia, Eslovaquia y Grecia; en el extremo opuesto están los países nórdicos con Finlandia a la cabeza donde ese hecho se realiza de media a los 21.4 años, seguida de Suecia y Dinamarca, que rozan el nivel de Finlandia.
En esta divergencia influye, como hemos señalado, además del hecho fundamental relativo a la precariedad e inestabilidad del mercado laboral, el bajo nivel salarial: la mitad de los universitarios con trabajo, 10 años después de obtener su grado, cobran menos de 1.500 euros netos mensuales, lo que significa una limitación del poder adquisitivo que ha caído un 20% con respecto a 2008, que afecta especialmente a sus posibilidades de centrar el futuro y lograr un ahorro suficiente que les permita alcanzar los umbrales de bienestar deseados, en las que se incluye como meta más apetecida la compra de una vivienda, sólo el 35% de los jóvenes menores de 35 años tienen una vivienda en propiedad, y de estos unos pocos más de la tercera parte ha podido pagarla sin ayuda de sus padres.
En concreto, en este apartado, el precio de la vivienda y, más claramente, el del alquiler, la forma más habitual de emancipación de los jóvenes a la que recurren el 59.2%, se ha disparado un 27.7%, muy por encima de la subida de los salarios que solo lo han hecho un 16.6%, lo que determina un desequilibrio claro y origina un obstáculo progresivo para animar a los jóvenes a abandonar el domicilio familiar. Según los cálculos realizados el pago de una renta absorbe el 60% de los ingresos netos mensuales, si bien es verdad que este desembolso está supeditado a ciertas variables tales como si el gasto debe ser realizado por una sola persona o si es compartido con otros; y, de otro lado, a los precios específicos del lugar de residencia. En cualquier caso, con los datos barajados sería prácticamente imposible abordar en solitario esa posibilidad en las grandes ciudades, donde existen más oportunidades de trabajo, todo ello sin olvidar que otra buena parte debe dedicarse a gastos por otros conceptos básicos (manutención, vestido, ocio…). En definitiva, lo que queda meridianamente claro es que, en ninguna de las opciones, existe la posibilidad real de efectuar un ahorro mensual que permita acumular efectivo para acceder a la compra de una vivienda si tenemos en cuenta que el banco sólo financiará un máximo del 80% de su valor, y que para cubrir esa diferencia, junto a los gastos inherentes a la compra, es necesario acumular un ahorro que requiere un largo plazo.
De otro lado, la disposición al ahorro de los españoles no es una de sus mejores opciones ya que al cierre de 2022 sólo reservaban a esta misión el 7.6% de su renta disponible frente al 12.7% que lo hacía el promedio de la UE, aunque en el último año ha mejorado su estadística. Esta tendencia negativa del ahorro se identifica más claramente con el núcleo de edad de los más jóvenes, ya que prácticamente el 48.5% califica de mala o muy mala la capacidad de ahorrar, lo que por otro lado, resulta lógico si nos atenemos a sus actuales niveles salariales. Como hemos comentado, en última instancia, es habitual que sean, en algunos casos, los familiares los que pueden contribuir con una ayuda significativa a la compra, e, incluso, en otros casos hasta para el alquiler, colaboración que de no producirse reduciría notoriamente las posibilidades de emancipación de los jóvenes españoles.
Como hemos comentado una de las debilidades destacada de los obstáculos que inciden en el paro juvenil y, consecuentemente en la edad de emancipación, es el sistema educativo español, lastrado por los continuos cambios de criterios ideológicos, lo que resta posibilidades de cerrar esta brecha, por lo que sería necesario centrar los objetivos en mejorarlo y focalizarlo de manera especial en la formación que incida directamente en la destreza y posibilidad de encontrar trabajos de la calidad adecuada y necesaria para los jóvenes. Por otro lado, deben fijarse objetivos que estén centrados en generar prosperidad equilibrada y prestar el apoyo económico complementario que facilite la compra de una vivienda, como así mismo impulsar la construcción pública y privada de viviendas para compra o alquiler. Por tanto, existe una necesidad acuciante de lograr un pacto de estado para dotar al sistema de la posibilidad de dar respuesta a las necesidades cambiantes del tejido económico y productivo, y una imprescindible modernización de las políticas de juventud para generar sinergias que favorezcan un contexto adecuado al desarrollo de las personas jóvenes, su proyecto de vida, y que proyecte un especial efecto en la capacidad de emancipación.
IGNACIO VILLAR MOLINA.- Socio de Secot Jaén.- Economista
