Santiago de Córdoba
I PARTE
Del bipartidismo a la fragmentación: 1977 -2026
I. Cincuenta años después
El 15 de junio de 1977 España celebró las primeras elecciones generales democráticas después de cuarenta años de dictadura. De aquellas urnas nacieron las Cortes que elaborarían la Constitución de 1978. Cincuenta años después, 2027 volverá a ser necesariamente un año electoral: las elecciones municipales deberán celebrarse el cuarto domingo de mayo —el 23 de mayo— y, salvo disolución anticipada, las generales llegarán más adelante, al agotarse la actual legislatura. Por tanto, no sabemos todavía cuál será el orden de los acontecimientos, pero sí que nos aproximamos a un nuevo ciclo electoral de enorme importancia.
No contemplo estos cincuenta años únicamente desde la mesa de trabajo de un historiador. También los he vivido desde dentro. Como secretario general del PSOE de Andújar y secretario provincial de Organización de UGT de Jaén participé en la preparación de elecciones políticas y sindicales, en la distribución de equipos, en la organización territorial y en todas esas tareas poco visibles que existen detrás de una papeleta depositada en una urna. Después, como historiador, he tenido que regresar a aquellos mismos procesos para investigarlos, medir sus resultados y estudiar sus consecuencias. Esa doble condición —protagonista de una época y posteriormente investigador de ella— es desde la que escribo estas reflexiones.
No pretendo hacerlo ex cathedra. La experiencia no concede infalibilidad y la memoria tampoco. Por eso prefiero los datos. Una cifra aislada puede engañar; una serie histórica correctamente construida, en cambio, obliga a confrontar nuestras impresiones con la realidad. La estadística no sustituye a la historia, pero impide que la política convierta cualquier opinión interesada en un hecho.
II. Las reglas permanecen; la sociedad ha cambiado
Existe una paradoja que merece atención. La España de 2026 apenas se parece social, económica o culturalmente a la de 1977 y, sin embargo, la arquitectura fundamental de nuestro sistema electoral conserva una notable continuidad. Ya en aquellas primeras elecciones el Congreso se elegía tomando la provincia como circunscripción, mediante listas cerradas y bloqueadas, representación proporcional, barrera del 3 % y aplicación de la regla D’Hondt. Casi medio siglo después, esos elementos esenciales permanecen.
No significa que nada haya cambiado. La legislación electoral ha sido reformada muchas veces, se han ampliado garantías, modificado procedimientos y establecidas nuevas exigencias, como las actuales listas paritarias y alternas de mujeres y hombres (Ley Orgánica 2/2024, de 1 de agosto). Pero el armazón que convierte votos en diputados sigue siendo reconocible para quien organizó aquellas primeras campañas.
Lo que sí se ha transformado profundamente es el sistema de partidos.
Conviene, sin embargo, no simplificar la historia. En 1977 España no era todavía propiamente bipartidista. UCD obtuvo 165 diputados y el PSOE, sumando sus distintas expresiones territoriales, fue la segunda gran fuerza con 118, pero también tuvieron representación PCE (20), AP (16), PSP (6), nacionalistas catalanes y vascos y otras candidaturas (25). Era un Parlamento plural nacido de una transición política todavía abierta.
El denominado bipartidismo imperfecto se consolidó después, especialmente desde 1982. PSOE y, posteriormente, PP concentraron durante décadas la alternancia en el Gobierno, aunque los partidos nacionalistas y otras fuerzas continuaron desempeñando en determinadas legislaturas un papel fundamental. Y tampoco es cierto que las mayorías absolutas fueran excepcionales únicamente en 1982: el PSOE las obtuvo en 1982 y 1986, y el PP en 2000 y 2011.
Lo verdaderamente nuevo apareció en diciembre de 2015. La entrada con gran fuerza de Podemos y Ciudadanos quebró el esquema anterior; posteriormente Vox se consolidó en la derecha y el espacio situado a la izquierda del PSOE volvió a reorganizarse sucesivamente. Desde entonces, España no ha pasado simplemente del bipartidismo al multipartidismo, sino a algo políticamente más complejo: una democracia organizada en bloques dentro de los cuales también existe competencia, fragmentación y conflicto.
Ya no basta con ganar unas elecciones. Hay que reunir después una mayoría parlamentaria capaz de investir, legislar y sostener un Gobierno.
III. Jaén: medio siglo dentro de una provincia
Jaén permite observar perfectamente la transformación, aunque los datos ofrecen una conclusión más interesante de lo que parece a primera vista.
En 1977, PSOE y UCD consiguieron conjuntamente el 72,4 % de los votos de la provincia. El PSOE obtuvo 123.708 votos, el 39,4 %, y cuatro diputados; UCD consiguió 103.697, el 33 %, y tres diputados. Entre ambos se repartieron los siete escaños de Jaén. PCE, AP y las restantes candidaturas quedaron fuera del Congreso.
En 2023, PP y PSOE obtuvieron conjuntamente un porcentaje incluso ligeramente superior: 73,7 %. El PP alcanzó el 37,4 % y dos diputados; el PSOE, el 36,3 % y otros dos; Vox, con el 14,8 %, consiguió el quinto diputado, mientras Sumar, con el 8 %, quedó sin representación.
Diario Jaén, 17 de junio de 1977: Jaén copado por PSOE y Centro Democrático
Por tanto, el cambio jiennense no consiste únicamente en que los dos primeros partidos hayan perdido concentración de voto, porque no es así. Hay otro fenómeno todavía más revelador: la provincia elegía siete diputados en 1977 y hoy elige solamente cinco.
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Jaén ha perdido dos representantes en el Congreso mientras su mapa político se ha hecho más competitivo. Cada escaño vale más, pequeñas oscilaciones de voto pueden modificar el reparto y una tercera fuerza, como Vox, puede resultar decisiva.
Ese es uno de los efectos políticos de la pérdida demográfica que pocas veces se explica: perder población no significa únicamente perder habitantes, trabajadores o consumidores; también significa perder poder político.
Para mejor comprensión de este apartado del bipartidismo imperfecto al multipartidismo, simplifico la evolución del escenario electoral a nivel nacional y de Jaén:
- Evolución escenario electoral: Nacional
- Evolución escenario electoral: Jaén
IV. De la alternancia a la política de bloques
La fragmentación tiene efectos contradictorios. Puede ampliar la representación de sensibilidades que antes permanecían fuera de las instituciones y obliga a negociar. Eso, por sí mismo, no es negativo: negociar forma parte de la democracia.
El problema aparece cuando la negociación deja de estar orientada principalmente hacia las políticas públicas y se convierte en una permanente operación de supervivencia parlamentaria. Entonces cada votación se transforma en una prueba de resistencia, cada socio dispone de capacidad de presión y las elecciones dejan de producir gobiernos previsibles para producir largas negociaciones, investiduras inciertas o incluso repeticiones electorales.
España lo ha vivido con especial intensidad desde 2015: elecciones en diciembre de 2015; repetición en junio de 2016; moción de censura en 2018; elecciones en abril de 2019; nueva repetición en noviembre de aquel mismo año; y un escenario posterior en el que ningún gran partido puede gobernar por sí solo.
No estamos, por tanto, ante una crisis de la democracia. Estamos ante una transformación de su funcionamiento. Y esa diferencia es importante.
V. Cuando algunos factores terminan llegando a las urnas y su impacto Institucional
Para comprender en toda su dimensión la situación del momento político actual, resulta imprescindible situarlo en la perspectiva histórica sobre hechos determinantes que crearon convulsión e inestabilidad institucional. Casi siempre terminaron en las urnas.
Desde 1977 estos hechos fueron múltiples. En el siguiente cuadro relaciono los más determinantes, que he clasificado siguiendo su cronología y naturaleza —que van desde la amenaza militar y los escándalos de corrosión ética hasta los desafíos territoriales y la actual polarización de bloques—.
Sin duda, el factor de mayor repercusión ha sido el de la corrupción. Han existido numerosos casos en todos los ámbitos, pero algunos de ellos han provocado la caída de gobiernos, presidentes o direcciones políticas y, en otros casos, han contribuido decisivamente a poner fin a largas hegemonías electorales.
Entre todos los factores que han alterado el comportamiento electoral durante estas décadas, pocos han tenido una capacidad de destrucción política comparable a la corrupción.
Y la corrupción no tiene ideología exclusiva. Ha golpeado al PSOE y al PP, a gobiernos nacionales y autonómicos, y ha demostrado que una organización puede resistir durante años un deterioro ético hasta que, de pronto, la acumulación se convierte en factura electoral.
Cada caso de corrupción ha tenido mucha o relativa importancia en el contexto nacional, autonómico, provincial y local. He elegido aquellos que de una forma u otra tuvieron repercusión en las urnas.
En los últimos años del Gobierno de Felipe González, los casos Filesa, Roldán e Ibercorp, junto con las investigaciones sobre los GAL y el deterioro parlamentario del Ejecutivo, contribuyeron a un clima de agotamiento que desembocó en las elecciones de marzo de 1996 y en la llegada de José María Aznar al Gobierno.
El PP valenciano vivió después su propio proceso de erosión. Gürtel, Brugal, Emarsa, Imelsa y otras causas fueron cercando durante años a responsables públicos y dirigentes de una organización que gobernaba la Generalitat desde 1995. Francisco Camps dimitió en 2011 tras ser enviado a juicio por la denominada causa de los trajes —en la que posteriormente resultó absuelto—, y en 2015 el PP pasó de 55 a 31 diputados y perdió la Generalitat después de veinte años.
En Madrid, Púnica y Lezo alcanzaron a figuras centrales de la antigua estructura del PP regional. Esperanza Aguirre abandonó primero la presidencia del partido y después la política municipal; Ignacio González quedó afectado por Lezo y Cristina Cifuentes terminó dimitiendo en 2018 por un escándalo distinto, el de su master y el posterior vídeo de un hurto. Sin embargo, a diferencia de Valencia, el PP madrileño consiguió conservar el Gobierno autonómico.
La gran conmoción nacional llegó en mayo de 2018 con la sentencia de Gürtel. El deterioro político provocado por aquella resolución permitió a Pedro Sánchez reunir los votos necesarios para una moción de censura que desalojó a Mariano Rajoy de la Presidencia del Gobierno.
En Andalucía, los ERE se convirtieron durante años en el principal símbolo del deterioro del PSOE-A. La investigación alcanzó a numerosos altos cargos y a los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Susana Díaz no estuvo implicada, pero el desgaste acumulado pesó sobre una organización que gobernaba desde 1982. En diciembre de 2018 el PSOE siguió siendo la primera fuerza, pero cayó hasta 33 diputados y perdió el Gobierno después de 36 años.
La historia judicial posterior obliga, sin embargo, a rectificar algunas sentencias, pero imposible evitar los daños políticos y personales de quienes la sufrieron en primera instancia. El Tribunal Constitucional anuló en 2024 las condenas de Chaves y Griñán y ordenó dictar nuevas resoluciones, por lo que no puede hablarse hoy de aquellas sentencias como si permanecieran intactas.
La actualidad demuestra que el problema no pertenece al pasado. La corrupción vuelve al centro político.
En el PSOE, la principal sacudida procede del denominado caso Koldo. Lo que inicialmente fue una investigación sobre contratos de mascarillas terminó alcanzando al antiguo ministro y secretario de Organización José Luis Ábalos, a su asesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama. A estas alturas ya no estamos únicamente ante investigados: en junio de 2026 el Tribunal Supremo condenó a Ábalos a 24 años y tres meses de prisión y a Koldo García a 19 años y ocho meses; Aldama recibió una pena muy inferior por su colaboración con la justicia. Paralelamente continúa la investigación sobre el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, respecto del cual la UCO sostuvo en julio que él y su familia habían dispuesto de más de 300.000 euros de origen no declarado.
A ese problema orgánico del partido se añade un desgaste que afecta al entorno personal e institucional del presidente del Gobierno, aunque conviene no confundirlo automáticamente con corrupción del PSOE. Begoña Gómez se encuentra en una fase judicial previa a la eventual apertura de juicio con jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación; la presunción de inocencia continúa plenamente vigente.
El caso de David Sánchez, hermano del presidente, ha avanzado más: la Audiencia de Badajoz lo condenó en julio de 2026 a nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, aunque lo absolvió del delito de tráfico de influencias.
Y el caso del antiguo fiscal general Álvaro García Ortiz ya no puede describirse como una mera investigación. El Tribunal Supremo lo condenó en 2025 por revelación de datos reservados a dos años de inhabilitación, multa e indemnización; en febrero de 2026 rechazó anular la condena por la vía ordinaria. No fue un caso de corrupción económica ni un caso interno del PSOE, pero su dimensión institucional y su conexión con la pugna política alrededor de Alberto González Amador lo convirtieron en un factor adicional de desgaste del Gobierno.
A esta crisis se ha añadido en 2026 la situación judicial del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. La Audiencia Nacional lo investiga en el caso Plus Ultra por su presunta participación en una red de tráfico de influencias relacionada, entre otras operaciones, con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021. Informes de la UDEF lo sitúan en la «cúspide» de una supuesta estructura de intermediación y el juez mantiene indicios por delitos de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo y falsedad documental; una pieza separada investiga además posibles delitos fiscales y de contrabando a raíz de unas joyas halladas en su despacho y valoradas en 1,3 millones de euros. Zapatero ha negado haber intervenido en el rescate y sostiene que los ingresos investigados corresponden a trabajos legítimos de consultoría; tras declarar en junio, el juez no le impuso medidas cautelares, aunque mantuvo abierta la investigación, que ha adquirido mayor gravedad política durante el verano y comienzos de septiembre, cuando antiguos responsables de Plus Ultra declararon ante el juez que se habría pactado una comisión del 1 % del rescate con un intermediario próximo al expresidente para facilitar las gestiones de la ayuda pública. Son declaraciones incorporadas a una causa todavía en instrucción y no hechos judicialmente probados; Zapatero mantiene su inocencia.
El PP tampoco llega limpio de causas al nuevo ciclo electoral. El juicio del caso Kitchen quedó visto para sentencia en julio de 2026. Se investiga si desde el Ministerio del Interior del primer Gobierno de Rajoy se organizó un dispositivo parapolicial con fondos reservados para sustraer al extesorero Luis Bárcenas documentación comprometedora para el partido. Entre los acusados figuran el exministro Jorge Fernández Díaz, su antiguo secretario de Estado Francisco Martínez y el comisario José Manuel Villarejo.
A ello se suma el caso Montoro. El juzgado investiga si empresas gasistas contrataron al antiguo despacho fundado por Cristóbal Montoro y realizaron pagos a cambio de reformas legislativas favorables cuando este dirigía Hacienda. En 2026 la investigación seguía abierta y se habían solicitado movimientos bancarios y nueva documentación; la instrucción fue prorrogada.
En Madrid continúan además las consecuencias de Púnica y Lezo. Francisco Granados fue condenado en julio de 2026 a dos años y medio de prisión en una de las piezas de Púnica, mientras otras continúan pendientes; y el primer juicio del caso Lezo comenzó el 7 de septiembre de 2026, con una veintena de acusados y nuevas piezas que afectan al expresidente Ignacio González.
A este entorno se añade Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, que no ocupa ningún cargo en el PP y cuya situación debe, por ello, distinguirse de las causas internas del partido. Tiene abierto juicio oral por delitos fiscales y otras infracciones y, separadamente, continúa investigado por presunta corrupción en los negocios relacionada con sus vínculos con Quirón; la UCO ha examinado cuentas y operaciones mercantiles dentro de esa segunda causa.
Finalmente, en agosto de 2026 se abrió una investigación sobre la compra por la empresa pública Planifica Madrid de un ático en Chamberí por aproximadamente 6,3 millones de euros, inicialmente previsto como despacho provisional de la presidenta madrileña durante las obras de la Real Casa de Correos. PSOE y Más Madrid han solicitado personarse como acusación popular. Hasta que concluya la investigación, hablar de delito probado sería tan improcedente como negar que existe una cuestión de interés público que debe aclararse.
VI. La justicia no puede convertirse en otro partido
Aquí aparece uno de los mayores peligros de nuestra democracia actual.
No es que los jueces investiguen a los políticos. Precisamente eso es lo que debe suceder cuando existen indicios suficientes. El problema comienza cuando cada organización acepta la independencia judicial únicamente mientras las resoluciones perjudican al adversario y empieza a denunciar persecuciones cuando afectan a los propios.
Una democracia madura exige distinguir palabras que el debate público mezcla de manera interesada: denunciado, investigado, procesado, acusado, condenado y absuelto no significan lo mismo.
Tampoco una comisión parlamentaria equivale a un procedimiento penal ni un informe policial a una sentencia.
Por eso prefiero alejarme de la tentación de presentar a la Justicia como integrante de uno u otro bloque político. La Dama de la Justicia lleva los ojos vendados precisamente por eso. No para no ver, sino para no mirar quién tiene delante. Pero el sentir de los ciudadanos es que aunque aparezca con los ojos vendados, hace trampa: mira al que tiene delante y lo señala.
La Dama de la Justicia lleva los ojos vendados precisamente por eso. No para no ver, sino para no mirar quién tiene delante. Pero el sentir de los ciudadanos es que aunque aparezca con los ojos vendados, hace trampa: mira al que tiene delante y lo señala.
Si cada sentencia se interpreta previamente en función de quién nombró a un magistrado, quién gobierna o qué partido resulta beneficiado, el deterioro institucional ya no afecta únicamente a quien está siendo juzgado: alcanza al propio Estado.
VII. 2027: las mismas urnas, otra España
Llegamos así al próximo ciclo electoral.
En mayo de 2027 se elegirán nuevamente los ayuntamientos. Las elecciones generales se celebrarán después si la legislatura alcanza su duración ordinaria, salvo que el presidente del Gobierno decida anticiparlas. El orden puede resultar políticamente decisivo.
Si las generales se celebraran primero y produjeran una derrota contundente del PSOE, esa derrota podría desmovilizar a parte de su electorado antes de las municipales. Si, por el contrario, las municipales se celebrasen mientras el Gobierno nacional continúa sometido a un fuerte desgaste, la oposición intentará convertir 8.000 elecciones locales diferentes en un único plebiscito contra Pedro Sánchez.
Y en una provincia como Jaén esa nacionalización de la campaña tendría consecuencias especialmente graves. Los ayuntamientos no son una reproducción en pequeño del Congreso. El elector conoce al alcalde, al concejal, la obra realizada, el servicio que funciona o el problema que lleva años sin resolverse. Pero ningún candidato municipal vive aislado del clima político nacional. Cuando una marca entra en crisis, todos quienes concurren bajo esas siglas pagan una parte de la factura, aunque no hayan tenido responsabilidad alguna en aquello que originó el deterioro.
Ahí reside una de las grandes contradicciones del sistema actual: la corrupción puede originarse a cientos de kilómetros de un municipio y terminar haciendo perder su alcaldía a quien nada tuvo que ver con ella.
VIII. Del bipartidismo al multipartidismo, pero también de la política al espectáculo
Cincuenta años después de aquellas elecciones de 1977, España es incomparablemente más libre, más plural y más compleja. Los partidos también han cambiado, pero no necesariamente al mismo ritmo que la sociedad.
Antes existían organizaciones mucho más amplias territorialmente, con agrupaciones locales, militantes que conocían su barrio, cuadros sindicales, casas del pueblo, asociaciones vecinales y una vida política que no dependía cada minuto de una pantalla. Hoy los partidos poseen más medios de comunicación, más asesores, más encuestas y más capacidad tecnológica, pero paradójicamente pueden estar más alejados del ciudadano al que pretenden representar.
El multipartidismo no es por sí mismo el problema. Tampoco lo era el bipartidismo. El problema aparece cuando la política deja de ser un instrumento para administrar intereses colectivos y se convierte en una lucha permanente por controlar el relato del día siguiente; cuando el adversario deja de ser alguien con quien se discrepa para transformarse en un enemigo cuya derrota justifica casi cualquier estrategia; cuando un buen dato económico vale menos que un vídeo de veinte segundos y una investigación judicial se convierte en una sentencia política antes de que haya hablado el tribunal.
He vivido las elecciones de 1977 desde dentro. He visto mayorías absolutas, derrotas, alternancias, coaliciones, crisis internas, elecciones sindicales y campañas hechas con pocos medios y muchos militantes. Medio siglo después, sigo pensando que el instrumento más poderoso continúa siendo el mismo: una papeleta dentro de una urna.
Pero el elector que la deposita ya no es el de 1977. Y los partidos harían bien en comprenderlo antes de que sean las urnas de 2027 quienes se lo expliquen.
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II PARTE
Del totum revolutum al riesgo de perder lo avanzado
I. Cuando todos los problemas terminan encontrándose en las urnas
En la primera parte de este artículo he recorrido medio siglo de elecciones para llegar a una conclusión que la experiencia histórica confirma una y otra vez: los gobiernos rara vez caen por una sola causa. Caen cuando distintos problemas, algunos antiguos y otros inesperados, terminan coincidiendo en un mismo momento y producen en el elector la sensación de que un ciclo se ha agotado.
A Felipe González no lo desalojó únicamente Filesa, ni Roldán, ni los GAL, ni el cansancio después de catorce años de Gobierno. Tampoco Mariano Rajoy abandonó la Moncloa exclusivamente por la sentencia de Gürtel. En ambos casos actuó una acumulación de acontecimientos que fueron deteriorando la confianza hasta que la aritmética parlamentaria o las urnas hicieron el resto.
Eso es lo que hace especialmente peligroso el momento presente para el Partido Socialista. No existe una única crisis, sino varias crisis superpuestas: la corrupción que alcanza a quienes ocuparon lugares fundamentales en la organización del PSOE; la dependencia parlamentaria de fuerzas cuyos intereses no coinciden necesariamente con los del Gobierno; la persistencia del conflicto provocado por la Ley de Amnistía; las divisiones dentro de la propia izquierda; el enfrentamiento interno entre sectores socialistas; la creciente tensión institucional y, ahora, la extraordinaria crisis de Ceuta.
Cada problema, contemplado separadamente, quizá pudiera ser administrado. Todos juntos forman un totum revolutum cuya consecuencia más probable no consiste únicamente en hacer difícil la acción de Gobierno: empieza a instalar en una parte de la sociedad la percepción de final de ciclo. Y cuando esa percepción se instala, la estadística electoral comienza a moverse antes incluso de que se convoquen las elecciones.
II. La corrupción no tiene ideología, pero quien gobierna paga primero.
Ya he examinado en la primera parte los grandes episodios de corrupción que han afectado al PSOE y al Partido Popular. No tendría sentido volver aquí sobre el inventario de nombres, procesos y sentencias. La conclusión histórica es suficiente: la corrupción no pertenece a una ideología determinada, pero castiga con especial dureza a quien ocupa el poder cuando llega el momento de votar.
El PSOE lo comprobó en 1996 y volvió a comprobarlo en Andalucía en 2018. El PP lo padeció en la Comunidad Valenciana y terminó perdiendo el Gobierno de España después de Gürtel. El elector puede tolerar durante algún tiempo explicaciones, recursos, enfrentamientos judiciales e incluso contradicciones; lo que difícilmente soporta indefinidamente es la impresión de que quienes le piden sacrificios aplican para sí mismos unas normas distintas.
El problema actual del PSOE es todavía más delicado porque la crisis afecta a una posición especialmente sensible: la Secretaría de Organización. En cualquier partido, pero muy particularmente en el Partido Socialista, ese cargo no es secundario. Por él pasan la estructura territorial, las relaciones internas, los equilibrios de poder y buena parte de la maquinaria que sostiene a la organización. Cuando las sospechas o las responsabilidades judiciales alcanzan reiteradamente ese espacio, el daño deja de ser individual y empieza a erosionar la credibilidad del conjunto.
A partir de ahí se produce una injusticia electoral que conozco bien: termina pagando el alcalde que arregló sus calles, el concejal que atendió a sus vecinos o el candidato que jamás tuvo relación con aquello que ocurrió en Madrid. Ya señalé en la primera parte que una corrupción nacida a cientos de kilómetros puede terminar haciendo perder una alcaldía a quien nada tuvo que ver con ella. Esa posibilidad será especialmente grave en Jaén en 2027.
Pero ninguna defensa legítima de las políticas sociales puede utilizarse para minimizar la corrupción. No puede pedirse a un votante progresista que elija entre honradez y justicia social. Tiene derecho a exigir las dos.
III. La amnistía: de la pacificación prometida a una nueva fractura
La Ley de Amnistía se presentó como el instrumento definitivo para cerrar políticamente las heridas abiertas por el procés de 2017. Su justificación fundamental era comprensible incluso para quienes discrepábamos de ella: si una medida excepcional permitía recuperar la convivencia institucional en Cataluña, disminuir la confrontación territorial y devolver el conflicto desde los tribunales a la política, podría juzgarse posteriormente por sus resultados.
El problema es que la normalización jurídica no ha producido necesariamente normalización política.
Junts continúa utilizando sus votos en el Congreso como instrumento de presión sobre el Gobierno al que contribuyó a investir. La misma fuerza política que hizo posible la Presidencia de Pedro Sánchez puede convertirse ahora en una de las fuerzas que precipiten su final. Es una paradoja difícil de explicar al ciudadano común: quienes exigieron una medida extraordinaria para facilitar la estabilidad institucional continúan encontrando utilidad política en la inestabilidad.
Choques entre los manifestantes y agentes el martes por la noche en Barcelona (LLUIS GENE- AFP).
Alegoría sobre la paradoja del caos: Puigdemont inicia conscientemente la caída de las piezas institucionales, mientras Sánchez intenta sostener un puente ya fracturado. Feijoo y Abascal aparecen como el posible desenlace político de la operación.
Además, la amnistía sigue siendo motivo de profunda división en la sociedad española y dentro del propio PSOE. A fecha de hoy, incluso su aplicación a varios dirigentes del procés continúa abierta en el Tribunal Constitucional, que comenzará el 22 de septiembre a estudiar los recursos contra la negativa del Supremo a aplicarles determinados efectos de la ley.
Alfonso Guerra, Emiliano García-Page y Felipe González se opusieron a la Ley de Amnistía y a la dictadura interna que desarrolla Pedro Sánchez en el PSOE
(Fotografía: La Tribuna de C. Real)
Junts tiene, además, un problema político elemental: la normalidad puede resultarle menos rentable electoralmente que el conflicto. Si desaparece el adversario que alimenta la reivindicación, disminuye también la utilidad del agravio permanente. De ahí que no resulte absurdo pensar que una futura alianza PP-Vox, mucho más dura frente al independentismo, pudiera devolverle precisamente el antagonista que necesita.
Pero ese cálculo tiene consecuencias. Para reavivar un conflicto territorial puede terminar facilitándose un cambio de Gobierno que afectaría a millones de trabajadores, pensionistas y usuarios de los servicios públicos que nada tienen que ver con la estrategia independentista catalana.
IV. Ceuta: cuando la frontera entra también en la campaña electoral
Como si el escenario no fuera suficientemente complejo, la crisis de Ceuta ha incorporado otro elemento de enorme capacidad desestabilizadora.
Los días 30 y 31 de julio de 2026, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta en una entrada de dimensiones desconocidas hasta entonces. Los informes conocidos posteriormente han obligado a descartar la cómoda explicación de un episodio puramente espontáneo. La Policía Nacional ha descrito una operación planificada y ha señalado comportamientos de agentes marroquíes compatibles con la permisividad, el control e incluso el «guiado activo» de grupos hacia la frontera.
A ello se añade un hecho políticamente inquietante. Mientras se desarrollaba la crisis, distintos partidos marroquíes volvieron a situar en su discurso la reivindicación de soberanía sobre Ceuta y Melilla. La coincidencia obliga a preguntarse por la utilización de los movimientos migratorios como instrumento de presión entre Estados.
Conviene, sin embargo, no dar un salto que las pruebas disponibles todavía no permiten. Podemos preguntarnos si Marruecos utilizó o toleró esa presión para recordar a España que considera pendiente la cuestión de Ceuta; podemos recordar precedentes y analizar la vieja reivindicación marroquí. Pero afirmar que la entrada fue organizada específicamente para conseguir la soberanía de la ciudad requeriría demostrar una decisión política que, al escribir estas líneas, no está acreditada, pero las sospechas dejan pocas dudas.
31 de julio de 2026.
Decenas de migrantes intentan traspasar la frontera entre Ceuta y Marruecos (Marcos Moreno-Europa Press)
Lo que sí está acreditado es suficientemente grave: una frontera exterior de España y de la Unión Europea pudo ser sometida a una presión humana extraordinaria; existen informes que señalan la participación o permisividad de miembros de las fuerzas marroquíes y se investiga qué sabía el Gobierno español y cuándo lo sabía. El CNI había transmitido advertencias el 29 de julio sobre convocatorias masivas en las redes, aunque existe una fuerte controversia acerca del alcance de aquellos avisos y de la respuesta que recibieron.
La inmigración se convierte así en otro poderoso factor electoral. Y aquí vuelve a producirse la polarización: unos reducen cualquier cuestión migratoria a un problema humanitario; otros convierten a todo inmigrante en amenaza. Ambas simplificaciones impiden discutir lo esencial. España tiene el deber de proteger su frontera y su integridad territorial, y tiene igualmente la obligación de respetar la dignidad y los derechos de quienes intentan cruzarla. Una cosa no excluye la otra.
Ceuta se ha incorporado, por tanto, al mismo tablero donde ya estaban Cataluña, la corrupción, la justicia y la estabilidad parlamentaria.
V. El PSOE gobierna España mientras discute consigo mismo
A los adversarios externos se suma una fractura que puede resultar todavía más peligrosa: la que atraviesa al propio Partido Socialista.
No estamos ante la saludable existencia de opiniones diferentes dentro de un partido democrático. La discrepancia pertenece a la naturaleza misma del socialismo desde su nacimiento. El problema aparece cuando ya no se discute únicamente sobre una ley o sobre una estrategia electoral, sino sobre la propia dirección política y moral de la organización.
Una parte del partido considera que Pedro Sánchez debe resistir hasta el final de la legislatura porque abandonar ahora el Gobierno abriría directamente la puerta al PP y a Vox. Otra parte piensa que prolongar esta situación solo aumenta la derrota futura, contagia a las elecciones municipales y autonómicas y obliga a la militancia a justificar aquello que no debería justificar. Las discrepancias expresadas por dirigentes territoriales y por figuras históricas del socialismo son la manifestación pública de una discusión mucho más amplia. La tensión se ha intensificado precisamente alrededor de la amnistía, la corrupción y la conveniencia o no de anticipar las generales.
En el PSOE existe una mayoría silenciosa de afiliados —sobre todo entre quienes tuvieron responsabilidad orgánica e institucional durante las tres últimas décadas del siglo XX— que calla porque salir a la palestra aumentaría la vergüenza que está pasando. Son cientos y cientos. Muchos son de la provincia de Jaén, con quienes comparto ese sentir; aunque, a diferencia de ellos, yo lo he manifestado en el Diario Jaén y ahora aquí. Para no errar y trabajar desde la certeza que da la investigación, dispongo de un listado con cincuenta nombres y siete datos sobre cada uno de ellos: provincia, CCAA, situación en el PSOE, frase crítica, intensidad de la crítica, fecha y fuente en la que se manifiesta. A continuación, relaciono los de mayor relevancia a nivel nacional y autonómico. De la provincia de Jaén, han alzado la voz dos históricos que iniciaron su singladura socialista durante el tardofranquismo y la transición —Cristóbal López Carvajal y Santiago de Córdoba Ortega— y después, en el actual alcalde de Jaén: Julio Millán.
La composición integra dos fuerzas opuestas en una misma secuencia política: Yolanda Díaz e Ione Belarra tiran en direcciones distintas para preservar la identidad de sus respectivos espacios, y Sánchez intenta evitar que esa competencia termine quebrando la coalición. Mientras Feijoo y Abascal avanzan juntos como alternativa inmediata de gobierno.
A ello se añade la competencia entre las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE. Sumar y Podemos necesitan diferenciarse para sobrevivir electoralmente y esa necesidad las impulsa a marcar distancias con el Gobierno al que, al mismo tiempo, necesitan para conservar influencia política. No obstante, los socios pequeños del Gobierno temen desaparecer detrás del grande y convierten la diferenciación en una necesidad de supervivencia.
Junts tira desde un extremo; los socios de izquierda desde otro; una parte del socialismo cuestiona desde dentro; la oposición espera; los tribunales continúan sus procedimientos y Ceuta introduce una nueva crisis nacional.
Ese es el totum revolutum que deduzco por mi larga experiencia política y sindical. El problema ya no consiste en saber cuál de esos factores derribará al Gobierno. Quizá ninguno lo haga por separado. La historia enseña que puede derribarlo la suma.
VI. Pero un Gobierno no cae solo: con él pueden cambiar sus políticas
Aquí aparece la otra mitad de la cuestión, quizá la que menos espacio recibe entre el ruido diario.
Si el Gobierno de Pedro Sánchez termina cayendo, no desaparecerán únicamente un presidente, unos ministros y una mayoría parlamentaria. Las elecciones decidirán también qué se hace con un conjunto de políticas laborales y sociales desarrolladas desde 2018.
Este aspecto no puede borrarse por indignación ante la corrupción. Tampoco la corrupción puede borrarse mediante la exhibición de estadísticas económicas. Las dos realidades existen simultáneamente.
Principales indicadores económicos de España: 2018 – 2026
Cuando Pedro Sánchez llegó al Gobierno, el salario mínimo era de 735,90 euros mensuales en catorce pagas. En 2026 alcanza 1.221 euros. El incremento se aproxima al 66 %. La reforma laboral de 2021 modificó sustancialmente el sistema de contratación y la temporalidad ha descendido desde cifras próximas al 27 % en 2018 hasta niveles cercanos al 12 %.
En el segundo trimestre de 2018 España tenía aproximadamente 3,49 millones de parados y una tasa de desempleo del 15,28 %. En el segundo trimestre de 2026 los desempleados eran unos 2,50 millones y la tasa se situaba en el 9,87 %. España supera además los 22 millones de ocupados.
Evolución del desempleo: Segundo trimestre de 2018 y segundo trimestre de 2026
En Jaén la evolución es igualmente significativa, aunque nuestras carencias continúan siendo enormes. Entre los segundos trimestres de 2018 y 2026 el número estimado de desempleados pasó de 69.500 a 42.400; 27.100 personas menos. La tasa descendió del 24,70 % al 15,23 %. Es una reducción muy importante, pero seguimos más de cinco puntos por encima de la media española.
Paro registrado en los principales municipios de Jaén: junio 2018 — junio de 2026
El descenso del paro en la provincia se percibe con mayor claridad en los grandes municipios que constituyen referencias económicas y políticas. Sin embargo, esa evolución favorable, vinculada en buena medida a las políticas económicas y sociales desarrolladas desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018, no siempre es apreciada por el ciudadano —beneficiario directo, en este caso—, que con frecuencia se deja llevar por la impresión inmediata del presente y olvida la perspectiva de los últimos años. El siguiente cuadro refleja con claridad esta notable evolución positiva, especialmente en Linares: en julio de 2018 la tasa de paro se situaba en el 22,38 %, mientras que en julio de 2026 había descendido al 16,34 %, lo que supone una reducción de 6,04 puntos porcentuales. Es una mejora considerable, aunque Linares todavía no haya salido de la UCI económica y laboral.
Úbeda y Linares muestran las reducciones porcentuales más intensas entre los municipios seleccionados, mientras Martos presenta una evolución más moderada. Jaén capital sigue concentrando el mayor número de personas inscritas como demandantes de empleo. Estos datos no permiten, por sí solos, juzgar la calidad de cada puesto de trabajo, pero sí ayudan a situar el debate municipal en el terreno concreto: suelo industrial, comercio, vivienda, movilidad, formación profesional, servicios públicos y capacidad de atraer o retener actividad económica.
Se recuperó además la actualización ordinaria de las pensiones conforme al IPC; se reforzaron las pensiones mínimas y no contributivas; nació el ingreso mínimo vital; se ampliaron determinados permisos familiares y, durante la pandemia, los ERTE llegaron a proteger a más de 3,6 millones de trabajadores evitando que la paralización económica se convirtiera automáticamente en millones de despidos.
Todo eso forma parte también del balance desde 2018.
Pero sería tan propagandístico afirmar que vivimos en un paraíso social como negar esas mejoras. La vivienda se ha convertido en una angustia para millones de familias; la inflación ha devorado parte del incremento salarial; la pobreza infantil sigue siendo intolerable; España conserva una tasa de desempleo demasiado elevada y Jaén continúa arrastrando un retraso industrial, ferroviario y demográfico que ningún Gobierno, tampoco los socialistas, ha conseguido solucionar.
El balance debe hacerse entero y recordar la experiencia con el PP, que se agravaría con VOX si entrara en el Gobierno.
Santiago Abascal, Alberto Núñez Feijóo y José María Aznar. Fuentes de la imagen: elplural.com, 27/05/2024.
Ninguna proyección electoral permite afirmar con absoluta certeza cuáles serían sus decisiones. La pertenencia a la Unión Europea, el diálogo social, la resistencia de las comunidades autónomas y el coste político de suprimir derechos consolidados limitarían cualquier programa de involución. Pero el historial de gobierno del PP y los acuerdos autonómicos alcanzados con Vox permiten advertir una dirección probable.
La experiencia de 2012 enseña que, ante una situación de tensión presupuestaria, el Partido Popular ha recurrido a la flexibilización laboral, la contención salarial, los ajustes en los servicios públicos y la apertura de espacios a la gestión privada.
La reforma laboral de 2012 redujo la indemnización general por despido improcedente de 45 a 33 días por año trabajado, facilitó los despidos colectivos, reforzó la prevalencia de los convenios de empresa y limitó la vigencia de los convenios caducados. Al mismo tiempo, la Ley 23/2013 desvinculó la actualización ordinaria de las pensiones del índice de precios y estableció un sistema cuya subida mínima fue del 0,25%, aunque en 2018 un acuerdo presupuestario permitió recuperar temporalmente incrementos vinculados al IPC. Las medidas sanitarias de 2012 restringieron la universalidad de la asistencia y ampliaron los copagos farmacéuticos, mientras educación, sanidad, dependencia y protección social soportaban el rigor de la consolidación fiscal.
La influencia de Vox podría añadir a esa política una reducción selectiva del gasto social, mayores exigencias para acceder a determinadas ayudas, prioridad nacional en algunas prestaciones y un discurso más restrictivo en materia migratoria.
La sanidad y la enseñanza públicas difícilmente desaparecerían, porque forman parte sustancial del contrato social español, pero podrían deteriorarse mediante una financiación insuficiente, el crecimiento de las derivaciones sanitarias privadas, el aumento de conciertos educativos y la progresiva normalización de que quien pueda pagarse una alternativa escape de un servicio público cada vez más debilitado. La privatización no siempre comienza colocando un cartel de venta en la puerta de un hospital: a veces avanza silenciosamente, reduciendo personal, prolongando listas de espera y convirtiendo la desesperación del paciente en clientela del mercado.
También la memoria democrática se encontraría en peligro. La sustitución o derogación de leyes autonómicas de memoria en comunidades gobernadas por PP y Vox, así como el propósito de reemplazar la legislación andaluza por una denominada ley de concordia, revelan que no se trata de una sospecha retórica. Existe una voluntad política de modificar el marco institucional construido para localizar fosas, identificar a las víctimas, reparar a sus familias y preservar el conocimiento de la represión franquista.
Para quienes vivimos la clandestinidad y conocimos a hombres y mujeres perseguidos por defender la libertad, la derogación de esas normas no constituiría una simple alternancia legislativa. Sería una segunda sepultura: primero se ocultaron los cuerpos y después se pretendería cubrir su memoria con el cómodo manto de una equidistancia sin contexto histórico.
VII. El dilema del elector: castigar a unos sin saber todavía qué harán los otros
Ahí reside, a mi juicio, la gran paradoja de las próximas elecciones.
Una parte del electorado progresista puede estar profundamente decepcionada, incluso indignada, con el Partido Socialista. Tiene motivos para exigir explicaciones, responsabilidades, regeneración y limpieza. Pero cuando introduzca la papeleta en la urna no estará votando únicamente sobre la conducta de quienes hayan defraudado su confianza. Estará escogiendo también entre programas diferentes de empleo, salarios, pensiones, fiscalidad, sanidad, educación, dependencia, inmigración y memoria democrática.
Nadie puede asegurar qué hará exactamente un futuro Gobierno del Partido Popular apoyado o integrado por Vox. Sería intelectualmente deshonesto presentar como acontecimientos futuros seguros lo que todavía son hipótesis. Pero tampoco partimos de una página en blanco. Tenemos la experiencia de los gobiernos anteriores del PP y conocemos las posiciones públicas de Vox.
La cuestión que tendrá que plantearse el elector es, por tanto, más incómoda que el simple «Sánchez sí» o «Sánchez no».
¿Debe castigarse la pérdida de ejemplaridad? Naturalmente. ¿Debe exigirse responsabilidad por los errores cometidos? Sin ninguna duda. Pero también habrá que preguntar: ¿qué ocurrirá al día siguiente con aquello que funciona?
Porque el verdadero precio de una crisis política no lo pagan solamente quienes pierden un ministerio o abandonan un escaño. Lo paga también el trabajador que negocia su salario, el pensionista que espera la actualización de su pensión, la familia que depende de un servicio público, el joven que busca una vivienda, la persona dependiente que espera asistencia y quien necesita una prestación para no caer definitivamente en la pobreza.
La respuesta a cualquier especulación está en el resultado de las próximas elecciones generales y municipales del 2027
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III PARTE
2027: el futuro se decide en las urnas
I. Del diagnóstico a la decisión electoral
La afirmación con la que cerraba la segunda parte —la respuesta a cualquier especulación está en las próximas elecciones generales y municipales de 2027— obliga ahora a pasar del diagnóstico al escenario electoral. En las páginas anteriores han quedado expuestos los cambios producidos desde 1977, la fragmentación del sistema de partidos, la corrupción que ha afectado al PSOE y al PP, la judicialización de la política, la Ley de Amnistía, la crisis de Ceuta, la división de la izquierda y el balance social y económico de los gobiernos desde 2018. Repetir aquí ese inventario añadiría páginas, pero no claridad.
Lo que interesa en esta tercera parte es otra cosa: observar cómo ese conjunto de factores puede convertirse en votos, concejales, diputados, alcaldías y gobiernos. El futuro inmediato ya no se decidirá en una tertulia, en un comité ejecutivo ni en una encuesta. Se decidirá en las urnas. Y en Jaén, donde la pérdida demográfica ha reducido de siete a cinco los diputados que elegimos para el Congreso, cada oscilación adquiere una importancia mucho mayor.
Existe, además, una diferencia sustancial entre el escenario que podíamos analizar antes del verano y el que contemplamos ahora. Las primeras proyecciones se apoyaban en encuestas realizadas en mayo y julio de 2026. Posteriormente se produjo la entrada masiva de migrantes en Ceuta de los días 30 y 31 de julio, acontecimiento que ha ocupado el centro del debate político y que obliga a incorporar los sondeos realizados después de aquella crisis.
No puede afirmarse con rigor que todos los movimientos electorales posteriores tengan una única causa. Entre julio y septiembre han intervenido también la situación económica, los procedimientos judiciales, las divisiones partidarias y otros acontecimientos políticos. Pero tampoco puede ignorarse que las encuestas realizadas después de Ceuta ofrecen una fotografía más adversa para el PSOE que la utilizada inicialmente y, sobre todo, un crecimiento muy acusado de Vox y de la capacidad parlamentaria conjunta del PP y Vox.
II. El punto de partida: las municipales de 2023
El primer dato firme no es una encuesta, sino el resultado de las últimas elecciones municipales. Entre 2019 y 2023 el PSOE de Jaén perdió casi veinte mil votos, más de cinco puntos porcentuales, setenta y un concejales y diecinueve alcaldías. Al mismo tiempo, su representación en la Diputación pasó de 16 a 15 diputados y la del PP aumentó de 10 a 12. El deterioro no significó todavía la pérdida de la institución provincial, pero redujo de manera muy considerable el margen de seguridad.
La dimensión de ese retroceso se resume en el Cuadro I, que debe situarse a continuación como punto de partida objetivo para cualquier proyección sobre 2027.
III. Las ciudades que pueden decidir el mapa provincial
La cifra provincial, sin embargo, no explica por sí sola dónde se produjo la pérdida de poder. En 2023 el PSOE venció en Jaén, Úbeda y Martos, mientras el PP lo hizo en Linares, Andújar y Alcalá la Real; a ello se sumó la pérdida de La Carolina, uno de los bastiones históricos del socialismo jiennense. Jaén capital ofrece además un ejemplo de la fragilidad de los equilibrios: el PSOE fue la candidatura más votada por un margen muy estrecho, perdió inicialmente la alcaldía por el acuerdo entre PP y Jaén Merece Más y la recuperó en 2025 mediante una moción de censura.
El mapa demuestra que unas elecciones municipales no son una elección nacional reproducida 97 veces. Cada localidad tiene sus candidatos, su gestión, sus conflictos y sus problemas. Pero tampoco existe ya una muralla capaz de aislar completamente al candidato municipal de lo que ocurre en Madrid. Si la marca nacional entra muy debilitada en campaña, sus alcaldes y candidatos pueden terminar respondiendo por decisiones que nunca tomaron.
Para apreciar dónde se encuentra el poder municipal de mayor peso político y económico, el Cuadro II debe insertarse en este punto.
IV. La Diputación y el calendario: dos variables decisivas
La Diputación Provincial constituye el punto de mayor vulnerabilidad. El PSOE conserva 15 de sus 27 diputados frente a los 12 del PP y la mayoría absoluta se sitúa en 14. Pero la elección de los diputados provinciales no depende mecánicamente del porcentaje total de voto en la provincia, sino de los resultados obtenidos en cada uno de los diez partidos judiciales. Por ello, pequeñas variaciones territoriales pueden tener consecuencias institucionales mucho mayores que su apariencia porcentual.
A esa fragilidad se añade el calendario. Si las elecciones generales se celebraran antes que las municipales y el resultado confirmara la tendencia de los sondeos privados posteriores a Ceuta, el PSOE afrontaría las elecciones locales después de una posible derrota nacional. Ese resultado podría desmovilizar a parte de su electorado, aunque dejaría a los candidatos municipales algún margen para separar posteriormente su gestión del Gobierno central.
Si, por el contrario, las municipales se celebraran en mayo y las generales llegasen después, la campaña local podría convertirse en la primera vuelta de un plebiscito nacional. Los candidatos municipales tendrían que defender simultáneamente su gestión, las políticas del Gobierno de España, sus acuerdos parlamentarios, la amnistía, las consecuencias de los procedimientos judiciales y ahora también la gestión de la crisis de Ceuta.
Existe un tercer escenario que no debe excluirse: que durante los meses que faltan hasta 2027 se produzca una recuperación económica y política del PSOE, una movilización defensiva de su electorado o acontecimientos que modifiquen de nuevo el clima actual. Las encuestas describen el presente; no tienen capacidad para cerrar el futuro.
El Cuadro III resume estas posibilidades utilizando ya como referencia la situación demoscópica posterior a Ceuta.
V. Después de Ceuta: las encuestas han cambiado la fotografía
A partir de aquí entramos necesariamente en el terreno de las hipótesis. Los resultados electorales son hechos; los sondeos son fotografías provisionales. Pero la fotografía de septiembre ya no es exactamente la que teníamos antes del verano.
La versión inicial de este trabajo utilizaba GAD3 de mayo y Sigma Dos de julio. Aquellos sondeos ya anticipaban una mayoría probable de PP y Vox, pero fueron realizados antes de la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Desde entonces se han publicado nuevos estudios con trabajo de campo posterior al 31 de julio y, aunque difieren mucho en sus estimaciones, presentan una característica común suficientemente relevante: las expectativas del PSOE no mejoran y Vox aparece como la formación que más claramente capitaliza el nuevo escenario.
El primer sondeo posterior fue SocioMétrica, realizado los días 5 y 6 de agosto: situó al PP en el 33,8 %, al PSOE en el 26 % y a Vox en el 17 %, con 149, 103 y 57 diputados respectivamente.
Sigma Dos, con trabajo de campo entre el 20 y el 26 de agosto, otorgó al PP el 33,1 % y 143 diputados, al PSOE el 25,4 % y 101, y a Vox el 17,9 % y 61. PP y Vox sumarían 204 escaños.
El barómetro de 40dB, realizado entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre, ofrece una enseñanza particularmente interesante. No detecta un terremoto electoral provocado exclusivamente por Ceuta, pero sí coloca por primera vez en su serie al PP y Vox por encima del 50 % conjunto: 32,4 % para el PP, 27,6 % para el PSOE y 17,8 % para Vox. Respecto a su medición anterior, el PP gana cuatro décimas, el PSOE pierde cuatro y Vox gana seis.
GAD3, cuyo trabajo de campo se realizó del 1 al 3 de septiembre, dibuja un escenario más duro: PP 31,1 % y 133 diputados; PSOE 26,1 % y 105; Vox 19,2 % y 69. La suma PP-Vox alcanzaría 202 diputados.
NC Report, también con trabajo de campo del 1 al 3 de septiembre, eleva todavía más esa mayoría: PP entre 147 y 149 escaños, PSOE entre 98 y 100 y Vox entre 62 y 64. La suma PP-Vox se situaría entre 209 y 213 diputados.
Hamalgama Métrica, con entrevistas realizadas del 1 al 8 de septiembre, sitúa al PP en 145 diputados, al PSOE en 101 y a Vox en 67. PP y Vox alcanzarían 212 escaños y el 52,9 % del voto conjunto.
Target Point, con trabajo de campo de los días 9 y 10 de septiembre, calcula 135-136 diputados para el PP, 106-107 para el PSOE y 66-67 para Vox. El bloque PP-Vox sumaría entre 201 y 203.
Finalmente, el CIS publicado el 14 de septiembre ofrece, como es habitual, una fotografía muy diferente de las encuestadoras privadas: mantiene al PSOE como primera fuerza con el 31 %, frente al 25,5 % del PP y el 16,6 % de Vox. Pero incluso en esa metodología la comparación con julio es significativa: el PSOE pierde dos puntos, el PP gana cuatro décimas y Vox 1,3. Es decir, hasta la encuesta que mantiene al PSOE en cabeza registra después de Ceuta una evolución desfavorable para los socialistas y favorable, especialmente, a Vox.
Por tanto, no sería riguroso afirmar que Ceuta ha producido por sí sola una mutación completa del electorado. El propio 40dB advierte que los movimientos son moderados. Sí parece razonable sostener que Ceuta se ha añadido a los factores de desgaste anteriores y ha reforzado una tendencia ya existente, cuyo principal beneficiario relativo es Vox.
El Cuadro IV permite contemplar conjuntamente las principales encuestas con trabajo de campo posterior a la crisis.
Las diferencias entre institutos aconsejan no fabricar una falsa precisión. Sin embargo, tomando exclusivamente las encuestas privadas anteriores, la horquilla ofrece una conclusión de gran importancia: el PSOE se mueve aproximadamente entre 98 y 107 diputados; el PP, entre 133 y 149; Vox, entre 57 y 69; y PP y Vox conjuntamente, entre 201 y 213 diputados.
Es una mayoría que, si se confirmara en las urnas, no dependería de un resultado ajustado ni de la abstención de terceros partidos. Frente a los 170 diputados que PP y Vox sumaron en 2023, estas estimaciones sitúan su crecimiento potencial entre 31 y 43 escaños.
Pero también aquí debe introducirse una matización: la mayor novedad de septiembre no es que el PP crezca sin excepción. En algunas encuestas permanece estable o incluso cede dentro del bloque. El movimiento más constante es el fortalecimiento de Vox. Parte del electorado que desea un endurecimiento de las políticas migratorias parece encontrar en el partido de Santiago Abascal una respuesta más directa que en el PP.
VI. Jaén: cinco escaños y muy poco margen para el error
La traducción de esa tendencia nacional a Jaén exige todavía mayor prudencia. No he encontrado un sondeo provincial posterior a Ceuta que permita afirmar cuál sería hoy el reparto de los cinco diputados jiennenses. Por eso no debemos presentar como encuesta lo que únicamente puede ser una proyección.
En 2023 los cinco escaños se distribuyeron entre PP, dos; PSOE, dos; y Vox, uno. Una circunscripción tan pequeña convierte unas décimas de diferencia en algo mucho más importante que en las grandes provincias. No se necesita una alteración enorme para que el segundo diputado socialista pase al PP o para que se mantenga el reparto actual.
La horquilla nacional posterior a Ceuta no modifica matemáticamente por sí sola la proyección que ya manejábamos —PSOE entre uno y dos, PP entre dos y tres y Vox uno—, pero sí modifica la probabilidad interna de sus dos resultados extremos. Antes del verano podía considerarse más abierta la continuidad del 2-2-1 de 2023; después de los nuevos sondeos aumenta la verosimilitud política del reparto 3-1-1 favorable al PP, aunque no pueda calificarse todavía de pronóstico.
Existe además un antecedente territorial que aconseja tomar en serio esa posibilidad: el deterioro socialista en Jaén no comenzó con Ceuta ni con los sondeos de septiembre. Ya estaba presente en las municipales de 2023 y en la evolución política posterior. Por tanto, la crisis de Ceuta actúa sobre un terreno electoral que previamente había mostrado signos de debilitamiento.
El Cuadro V debe interpretarse exactamente en esos términos: no como una encuesta provincial inexistente, sino como un escenario analítico.
En términos sencillos, existen dos distribuciones principales dentro de esa horquilla:
- PP 2 — PSOE 2 — Vox 1, continuidad del reparto de 2023.
O bien:
- PP 3 — PSOE 1 — Vox 1, que supondría que cuatro de los cinco diputados de Jaén quedarían en el bloque PP-Vox.
No debe descartarse la primera ni darse por segura la segunda. Pero los sondeos posteriores a Ceuta obligan a reconocer que la segunda ha ganado plausibilidad respecto de la fotografía que ofrecían las encuestas de mayo y julio.
VII. Lo que realmente se decide en 2027
Los cinco cuadros permiten observar el problema desde ángulos diferentes, pero todos conducen a una misma conclusión. Las elecciones de 2027 no decidirán únicamente quién ocupa la Moncloa. En Jaén pueden decidir también la continuidad o la pérdida de numerosas alcaldías y, por primera vez en la actual etapa democrática, el signo político de la Diputación Provincial.
La nueva información demoscópica obliga además a corregir una percepción. Antes del verano podía hablarse de una probable mayoría PP-Vox. Los sondeos privados realizados después de Ceuta dibujan algo cuantitativamente más amplio: todos los que ofrecen proyección parlamentaria sitúan conjuntamente a PP y Vox por encima de los doscientos diputados, desde un mínimo de 201 hasta un máximo de 213. Ese dato no convierte la derrota socialista en inevitable, pero sí eleva sustancialmente el tamaño del riesgo electoral.
La principal consecuencia de Ceuta, al menos hasta septiembre de 2026, tampoco parece ser un trasvase masivo y uniforme hacia el Partido Popular. Vox aparece como el beneficiario más constante. En GAD3 alcanza el 19,2 %; en Hamalgama Métrica, el 19,3 %; en Target Point, el 18,9 %; y en el propio CIS sube 1,3 puntos respecto de julio.
Eso tiene relevancia no solo para unas elecciones generales. Vox puede fortalecer al bloque de la derecha nacional al mismo tiempo que compite con el PP por parte del mismo electorado. Y una mayor movilización de ese espacio político puede tener consecuencias en aquellas elecciones municipales donde unos pocos centenares de votos deciden un concejal, una alcaldía o, acumulados dentro de un partido judicial, un diputado provincial.
Por eso conviene no repetir aquí el balance económico, social e institucional desarrollado en el archivo maestro. Precisamente porque España ha cambiado tanto desde 1977, y porque desde 2018 se han producido avances y también problemas que ya han sido examinados, las urnas de 2027 tendrán un significado que rebasa el relevo de nombres. En ellas se decidirá qué políticas continúan, cuáles se corrigen y cuáles se sustituyen; se decidirá también si el deterioro ético, la fragmentación política, la amnistía, la cuestión migratoria y el desgaste del Gobierno pesan más en el elector que la valoración de la gestión económica y social.
Para los candidatos municipales existe una dificultad añadida. El elector conoce a su alcalde, sus calles, sus servicios y sus problemas inmediatos, pero votará dentro de un clima nacional extraordinariamente polarizado. Un candidato puede terminar pagando en su municipio decisiones que no tomó, pactos que no negoció, casos de corrupción en los que jamás participó y una crisis fronteriza sobre la que nunca tuvo competencia. Esa es la razón por la que el orden de las elecciones generales y municipales puede resultar casi tan importante como las propias campañas locales.
Juan Latorre ha tomado posesión como presidente de la Diputación de Jaén junto a Paco Reyes (Diputación Provincial, 9-06-2026)
El PSOE de Jaén afronta, por tanto, una situación particularmente delicada. Tiene que defender simultáneamente una Diputación cuya mayoría se ha reducido, alcaldías en territorios donde retrocedió considerablemente en 2023 y unas siglas sometidas al desgaste del Gobierno nacional. Sus candidatos pueden encontrarse ante la paradoja de tener que responder por problemas ajenos mientras intentan explicar la gestión propia.
Los datos anuncian, por tanto, un vendaval electoral que podría desalojar al PSOE del Gobierno de España, reducir gravemente su poder en los 97 municipios jiennenses y arrebatarle, por primera vez en la actual etapa democrática, la Diputación Provincial. Sería el precio político de la corrupción, las ambiciones personales, el bloqueo parlamentario y una estrategia del caos en la que cada actor ha pretendido salvar sus propias siglas, aunque para ello tuviera que empujar al compañero hacia la arena. El primero que sufriría esas consecuencias, sin ser culpable, sería el recién elegido secretario provincial y presidente de la Diputación: Juan Latorre Ruiz, que pagaría también las culpas de su antecesor, Francisco Reyes, muñidor y consentidor de lo que sucedía en la Moncloa y en Ferraz. Aquí nadie dijo: ¡BASTA! Habría supuesto perder el sillón, el poder local o provincial, y con ello la plusvalía social de sus vecinos.
Difícil herencia la de Juan Latorre al asumir la secretaría provincial del PSOE y la Presidencia de la Diputación de Jaén. Si quiere encajar el vendaval político nacional, lo primero será poner a punto la sala de máquinas en las agrupaciones locales. Su antecesor las dejó desiertas de liderazgo a fuerza de purgar a todo el que se moviese. Incluso una figura respetada en toda Andalucía y querida en las bases de la provincia de Jaén como Ángeles Férriz —exalcaldesa de La Carolina, parlamentaria andaluza y principal azote de Juanma Moreno en el Parlamento de Sevilla— terminó casi arrinconada, mientras en su nido de La Carolina le ponían huevos de cuco y se recompensaba laboralmente a quienes hicieron la petaca en casa.
Juan Latorre ha de restañar estas grietas porque la marejada política que se aproxima —con el solapamiento de elecciones generales y municipales y los juicios exprés de la magistratura— amenaza con arrollarlo si no simultanea la gestión de la Diputación con la pacificación de las filas socialistas.
Es verdad que el resultado de las encuestas actuales es como la espada de Damocles, pero las encuestas no son las elecciones. Entre septiembre de 2026 y las urnas de 2027 quedan meses suficientes para que cambie de nuevo el escenario. Puede hacerlo la economía; pueden hacerlo nuevos acontecimientos judiciales; la evolución de la crisis de Ceuta y de las relaciones con Marruecos; la capacidad del PSOE para resolver sus divisiones internas; la estrategia del PP; el crecimiento o retroceso de Vox; la movilización o la abstención; e incluso un acontecimiento que hoy ni siquiera podemos imaginar.
La propia historia electoral española invita a desconfiar de cualquier determinismo. En casi cincuenta años hemos conocido mayorías absolutas que parecían interminables y desaparecieron, partidos que parecían condenados y regresaron al Gobierno, formaciones que irrumpieron con enorme fuerza y después prácticamente desaparecieron, y acontecimientos inesperados capaces de cambiar una campaña en cuestión de días.
Por eso nadie sabe con certeza cuál será el resultado. Lo que sí sabemos es que las encuestas posteriores a Ceuta han aumentado considerablemente la dimensión del aviso para el PSOE. También sabemos que ese aviso será todavía más importante en una provincia que ha perdido población, representación parlamentaria y margen electoral.
Y sabemos, finalmente, que después de medio siglo de democracia la respuesta volverá a encontrarse en el mismo lugar en el que comenzó este relato el 15 de junio de 1977: una papeleta depositada por cada ciudadano dentro de una urna.
Cuando llegue el momento, una de esas papeletas, en las generales y municipales, será mía y la de muchos viejos socialistas que, como los gladiadores romanos en la arena del circo, pronunciaremos: Ave, PSOE! Veteres socialistae, antequam moriantur, tibi suffragantur et te salutant [¡Ave, PSOE! Los viejos socialistas, antes de morir, te votan y te saludan]
¡Ave, PSOE! Los viejos socialistas, antes de morir, te votan y te saludan
Las raíces del socialismo son inmensamente profundas en la provincia de Jaén: se hunden desde el 30 de abril de 1887 en Linares (PSOE y UGT), en Bailén (PSOE, 1888), en Jaén (PSOE, 1889; UGT 1891), en Andújar (PSOE, 1892; UGT, 1902), en la Carolina (PSOE y UGT, 1897), en Arjona (UGT, 1901) y así en el resto de los municipios durante los siglos XX y XXI.
