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El sector financiero español está protagonizando un nuevo episodio decisivo para adecuar su capacidad operativa instalada a las recomendaciones del BCE. Sin embargo, esta sugerencia, dedicada no solo al sistema financiero español sino al conjunto de los bancos que operan en la eurozona, solapaba el objetivo prioritario  que subyace en las intenciones de la autoridad monetaria, cuya verdadera finalidad se centra en la necesidad de refundir las entidades operativas en cada país de tal forma que permita que subsistan 2 o 3 entidades para poner freno al deterioro de su rentabilidad operativa, mejorar los sistemas y mecanismos de control de riesgos, y evitar el peligro de contagio que puede tener consecuencias desastrosas para la economía.

El sistema financiero español ha protagonizado en los últimos años un verdadero aluvión de concentraciones que ha supuesto que en la actualidad sólo subsistan 12 entidades operativas a nivel nacional, cuando en 2008 había 55. Esta profunda transformación estaba forzada por  el peligro de que muchas entidades, en aquel momento, generalmente cajas de ahorros, pudieran presentar situaciones de insolvencia ante la profunda caída de su rentabilidad y el aumento descontrolado de la morosidad.

La persistencia de condiciones monetarias adversas para la intermediación comercial, derivada de la perpetuación de los tipos de interés, en el nivel de cero o negativos, ha supuesto para las entidades europeas una grave amenaza para la generación de margen financiero derivado de su actividad crediticia, y esta circunstancia se ha visto reforzada por el peligro latente e inmediato de que la crisis pandémica, que estamos sufriendo, agudice el otro gran enemigo de su actividad como es la morosidad, además de la necesidad de efectuar grandes provisiones para respaldar el deterioro del valor del fondo de comercio de algunas entidades. Si estos riesgos son unánimes para el conjunto de los bancos europeos, cobran especial relevancia en el caso de los españoles dado que su ROE (rentabilidad de sus fondos propios) ha mermado, en los últimos años, hasta el punto que incluso 4 entidades están por debajo del nivel del 3%, otras 4 no llegan al 5%, y solo 3 lo superan, cuando, diversos organismos marcan entre el 8% y el 10% el nivel mínimo de rentabilidad ROE que deberían conseguir las entidades para cubrir, al menos, el coste de capital.

Por tanto era inminente que,  en este escenario, aparecieran, en cualquier momento,  algunos actores para protagonizar el primer episodio de esta nueva era, que todo parece indicar que no será el último, de las fusiones bancarias en nuestro país. La anunciada ahora entre La Caixa y Bankia tiene todo el sentido financiero y económico  deseable. La participación estatal en ésta última propiciaba y demandaba esta operación, que, no solo puede cosechar los frutos de las sinergias entre ambas entidades y el control de riesgos, sino también contribuir a consolidar su situación financiera y económica.

Aspectos políticos, como la ultimación del deseo de parte del ejecutivo de utilizar Bankia como el germen de un banco público, no deja de ser una ensoñación sin futuro, que no debe interferir en la dirección adecuada de esta operación financiera. No obstante sí habrá que cuidar extraordinariamente otros aspectos relativos a las consecuencias que se deriven para la clientela de ambas entidades pues, si en lo referente el proceso de digitalización es una oportunidad adecuada, puede repercutir negativamente en el grado de competencia y en el proceso de exclusión financiera que ya abarca a buena parte del territorio español.

Foto: La Vanguardia.

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