Por IGNACIO VILLAR MOLINA / La educación financiera se extiende a los conocimientos, conductas y actitudes que nos permiten tomar decisiones financieras acertadas, tener hábitos financieros convenientes y conocer las oportunidades y riesgos inherentes a los productos financieros.
La dinámica socio-económica provoca una progresiva complejidad de los procesos económicos que se traslada a los instrumentos financieros incrementando la dificultad de optar por las mejores decisiones en defensa de nuestros intereses, y, por otro lado, genera un mayor riesgo implícito en las inversiones en activos financieros que dan la posibilidad de obtener una remuneración del ahorro a través de los depósitos y de la inversión.
Un informe elaborado por economistas americanos puso de manifiesto la precariedad de los conocimientos financieros de los ciudadanos de los países más desarrollados del mundo. La evidencia de estos resultados es más lamentable si una de las conclusiones del mismo confirma que el nivel medio mayoritario actual es claramente insuficiente para, al menos, discernir básicamente cuáles son las mejores decisiones para rentabilizar nuestras inversiones y, no solo ante cuestiones más complejas como determinados contratos de préstamo, mercados y la inmensa diversidad de los productos financieros que conforman la oferta de los intermediarios, especialmente de las entidades bancarias, sino, incluso, en aspectos y situaciones más básicas.
Así mismo corroboran el deficiente nivel de conocimientos financieros los resultados de unas encuestas publicadas recientemente, tanto por el Banco de España como por el monitor de cultura financiera de la Unión Europea. En España, el ciudadano medio apenas aprueba las competencias financieras, sólo el 52% de los encuestados por el Banco de España es capaz de resolver tres problemas acerca de la inflación (63% de acertantes), el tipo de interés compuesto (41%) y la diversificación del riesgo (52%). Y, en el barómetro de la UE únicamente el 19% respondió de forma correcta a las cinco cuestiones que se planteaban.
Los decepcionantes datos de estas encuestas cobran mayor relevancia si consideramos los datos relativos a los usuarios de servicios bancarios y, de forma más intensa, si nos referimos a la utilización de los medios electrónicos. Recordemos que, según datos del Banco de España, en nuestro país, nueve de cada diez personas tienen una cuenta corriente, seis una tarjeta de crédito, cuatro una hipoteca o un préstamo, y dos un plan de pensiones. El uso de cualquiera de estos productos financieros, algunos de ellos casi primordiales, no presupone un conocimiento preciso de sus particularidades, lo que provoca, en muchos casos, situaciones indeseadas de consecuencias imprevisibles.
A tal efecto basta con referirse a los productos más usados, como las diferentes clases de cuentas corrientes (individual, indistinta, mancomunada), o las diferencias entre créditos y préstamos, o las modalidades de tarjetas y sus características (Débito, Crédito, Revolving…). Y no digamos a la diversidad del mosaico de los productos de ahorro, desde la libreta de ahorro, imposiciones a plazo fijo, pasando por los fondos de inversión, planes de pensiones o de ahorro… Y no es sólo la complejidad de los productos, sino otros aspectos que pueden referirse a términos relacionados con la rentabilidad del producto o al costo de un crédito o un préstamo, como TIN (tipo de interés nominal, o la TAE (tasa anual equivalente). Claro que la falta de remuneración de los depósitos a plazo, el tradicional y más simple recurso usado por los ahorradores a lo largo de muchos años, al perder atractivo como consecuencia de la escasa remuneración que los grandes bancos españoles aplican a esta modalidad de ahorro, han obligado a los clientes a buscar otras alternativas para rentabilizar sus capitales, lo que ha podido conllevar una real constatación de su falta de preparación para buscar y elegir una alternativa válida sustitutiva que rentabilice sus excedentes dinerarios convenientemente con el menor riesgo posible.
Estas consideraciones no son aplicables solamente al nivel de conocimientos de los ciudadanos españoles sino que es también común en otros países de la UE. Así, según los datos de una reciente publicación de la UE, elaborados igualmente por el monitor de cultura financiera, el 26% de los ciudadanos de la Unión tienen un nivel alto, el 50% un nivel medio, y el 24% restante muestran un nivel bajo. No obstante existen claras diferencias entre los países del Norte y los del Sur. Así Países Bajos, Dinamarca y Estonia, rondan un 40% de la población con un nivel más alto, mientras que España, Portugal y Grecia, entre otras, están a la cola, figurando nuestro país como el cuarto con peor nota en este ranking.
En este aspecto, según la propia Comisión, la mayor brecha se centra en la de género, renta y edad. Los resultado apuntan a que las acciones para el incremento de la Educación Financiera deben dirigirse en particular a las mujeres, los jóvenes, las personas con menos ingresos y con un bajo nivel de educación general, grupos donde se detesta el mayor ratio de incompetencia de conocimientos financieros.
En este punto debemos considerar los efectos negativos adicionales que se derivan de la falta de este tipo de competencias, y no sólo para estos grupos más descolgados, sino de la población en general. Me refiero a valorar el efecto que puede tener una adecuada competencia financiera como ascensor del nivel de vida de los ciudadanos. Saber rentabilizar el ahorro o defender las condiciones de un crédito o préstamo, puede también entrañar, no sólo beneficios o perjuicios añadidos a sus ingresos, sino afianzar las posibilidades de promoción en el posicionamiento profesional.
Ninguna exclusión es mayor que la exclusión del conocimiento. Si ya de por sí la desigualdad educativa general se convierte en una barrera insuperable para activar el ascensor social, sólo el 12.2% de los españoles logra saltar del escalón más inferior de la pirámide al nivel más alto de rentas, y a pesar de que otro mayor porcentaje pueda escalar al segmento de rentas medias, sus posibilidades quedarán cercenadas por la falta de una educación financiera requerida en este complejo escenario actual en el que toda la actividad parece guardar una especial relación con la economía general y privada exigiéndonos constantes decisiones diarias.
La necesidad de establecer programas que ayuden a mejorar el bajo nivel de competencias financieras, quedó sintetizada en la intervención que con motivo de la Cumbre de Educación Financiera destacaba Pedro Torres, Presidente del BBVA: Programas adaptados adicionales de formación financiera para todos los nieves educativos; fomentar la E. Financiera en las empresas; plan de Formación Financiera a través de medios públicos, redes sociales o canales digitales; Innovación digital para el desarrollo de la capacidad financiera; dar mayor importancia a que los profesionales de la industria y otros sectores se formen en el ámbito de la economía conductual para entender cómo los factores psicológicos, culturales y sociales de los clientes afectan al comportamiento económico y a sus decisiones de ahorro e inversión.
IGNACIO VILLAR MOLINA. Socio Senior de SECOT Jaén. Economista.
