Por IGNACIO VILLAR MOLINA / Quizás una de las decisiones más trascendentales de nuestra vida puede ser afrontar el momento de la jubilación. No cabe duda que este proceso requiere un profundo estudio que incluye, entre otras cuestiones, el estado físico propio, las condiciones económicas derivadas de esa importante resolución, y la situación financiera personal de ese momento y su proyección de futuro si antes hemos tenido la suficiente capacidad de ingresos para efectuar una planificación más ordenada de este trascendental paso.
La consultora multinacional MERCER ha reeditado el análisis anual de los principales sistemas de pensiones de 47 países que representan el 64% de la población mundial. Su conclusión final con respecto a España es que sigue contando con uno de los Sistemas de Pensiones Públicos y Privados en conjunto más generosos, con las prestaciones más suficientes, y bien gestionado, pero con una tasa baja de sostenibilidad financiera en el medio y largo plazo, de tal forma que, en este apartado, ocupa el puesto 44 de los 47 analizados, si bien en el cómputo general se sitúa en el lugar 26.
Aunque las condiciones de vida han cambiado para bien en las últimas décadas por el incremento de la esperanza de vida (82.4 años), según el INE (Instituto Nacional de Estadística)), y la mejora del nivel medio económico, el factor de natalidad (1.19 hijos por mujer) y el paulatino incremento del gasto en pensiones, que ya alcanza por primera vez 12.000 millones de euros, nos sitúa ante un reto extremo que amenaza la sostenibilidad del sistema público de pensiones. Basta con observar el descenso paulatino de la tasa de sustitución, que mide el porcentaje de la pensión pública con respecto al último salario, que desde el 72.3% en 2019 se reducirá al 50% en 2050 según estimaciones realizadas por la Comunidad Europea y la OCDE.
En este escenario es necesario concienciar a la población sobre la importancia del ahorro para la jubilación, vista la reducción de las rebajas fiscales de las aportaciones a planes de pensiones personales en beneficio de los planes de pensiones de empresas.
Teniendo en cuenta que la pensión máxima bruta de jubilación en nuestro país es de 3.059,23 mensuales, y que la media en el Régimen General alcanza 1,532, resultan adecuadas las constantes recomendaciones que insisten en planificar un ahorro durante la vida laboral que añadido a la pensión facilite disfrutar de una mejor calidad de vida. Para un buen número de pensionistas estas prestaciones sólo alcanzan para atender los gastos corrientes y poco más, y, en muchos casos, son manifiestamente insuficientes para mantener la calidad de vida que tenían antes de la jubilación, especialmente si el deterioro físico o mental del interesado requiere de cuidados especiales cuyo coste puede superar sus posibilidades incluidas, en algunas ocasiones, las adicionales procedentes del ahorro, en su caso, amasado durante el período profesional. La inflación, la subida de los tipos interés, y la falta de rentabilidad de los ahorros por la decisión de los bancos de no retribuir el ahorro, están agudizando la falta de liquidez en muchas ocasiones originando una preocupación creciente tanto a los propios pensionistas como a sus familiares.
En España el 89% de los mayores de 65 años tienen una vivienda en propiedad y, en una gran mayoría, representa el 85% del ahorro generado a lo largo de sus vidas. Este patrimonio puede servir, en algún momento de su fase vital, para incrementar el bienestar financiero de tal forma que le permita mejorarlo sin afrontar situaciones extremas cuando es necesario disponer de mayores recursos de los que se mantienen.
La alternativa más próxima en una coyuntura como la planteada tiene una respuesta en forma de la monetización de la vivienda habitual que le permite mantener la propiedad del inmueble y seguir viviendo en ella. Me refiero a la HIPOTECA INVERSA, cuya popularidad, hasta hora, no ha alcanzado cotas suficientemente reseñables, pero que ahora parece renacer de sus entrañas al calor del interés mostrado por el Banco de Santander y la aseguradora Mapfre, de forma conjunta, a cuyo fin han creado una sociedad para su comercialización y están elaborando una oferta adaptada y actualizada que resucite el escaso interés suscitado, hasta ahora, por esta alternativa financiera, que en otros países, como Reino Unido, es aceptada de forma más consolidada.
Los requisitos exigidos para la concesión de este tipo de financiación se entran en que la edad del titular de la vivienda sea mayor de 65 años, o tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33%, que la vivienda esté libre de otras cargas, que su valor mínimo de tasación alcance, al menos, 150.000 euros, y que el solicitante no figure en ningún registro de impagados. En realidad su mecánica operativa funciona al revés de una hipoteca tradicional, puesto que, al contrario de esta que parte de una cantidad concreta otorgada por el banco en función del tanto por ciento de financiación que le confiere sobre la tasación de la vivienda cuya deuda se va reduciendo mediante el pago de unas cuotas mensuales, en la hipoteca inversa el banco fija una cantidad máxima, que igualmente tiene como base la tasación del inmueble, pero que este importe es desembolsado y recibido por el beneficiario, bien de una sola vez, o mediante ingresos mensuales como una “paga” acordada mediante el contrato de escritura pública ante notario.
A este mecanismo fundamental mediante el que fija el importe final de la financiación hay que añadir otro factor esencial de similar importancia. Me refiero a la edad del solicitante, ya que en función de la misma también la entidad prestamista podrá concretar la cuantía del préstamo y, obviamente, las cantidades mensuales a percibir por el titular, ya que puede darse el caso de que la persona mayor supere la esperanza de vida calculada para la hipoteca, cuyo plazo máximo oscila entre los 10 y 15 años, pues, en este caso, dejará de percibir los ingresos mensuales pero el préstamos seguirá devengando los intereses pactados.
La escasa expansión y atención prestada a este producto financiero hasta ahora ha estado condicionada por las peculiares características del mismo que de alguna forman dictan y determinan las ventajas e inconvenientes que genera. A su principal utilidad de tener un ingreso mensual adicional a la pensión, hay que añadir otras que pueden completar el atractivo por recurrir a esta alternativa si las circunstancias lo aconsejan. Me refiero a conservar la propiedad y el uso de la vivienda sin menoscabo alguno, cancelar el préstamo en cualquier momento, pagar intereses a medida que se va disponiendo del importe concedido si se opta por esta modalidad, estar referenciada a un tipo de interés fijo, estar exenta de tributación los ingresos mensuales, poder vender la vivienda en vida cancelando la hipoteca; si bien es conveniente asegurar que la entidad no exige seguros adicionales que incrementarían los gastos de la operación, u otros gastos de formalización.
Por el contrario el mayor inconveniente puede radicar en el bajo porcentaje sobre tasación que las entidades aplican, hasta ahora, a este tipo de operaciones, cuyo nivel no sobrepasa el 50%, aspecto al que hay que añadir un tipo de interés más elevado que el fijado a las hipotecas para compra de vivienda.
En cualquier caso, aunque el número de este tipo de operaciones no resulta nada relevante actualmente, en mi opinión pueden ser adecuadas en situaciones concretas, y más atractivas en el futuro, especialmente si cuentan con el respaldo comercializador de las entidades mencionadas anteriormente y se mejoran algunas de las condiciones que ahora le restan bastante atractivo.
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