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Por IGNACIO VILLAR MOLINA / Si en diversas ocasiones he resaltado la importante función de los bancos en la economía, también he comentado que su actividad no está exenta de riegos de diversa índole, motivo por el que deben ajustar su actividad a un cuadro regulatorio muy estricto con el fin de conseguir el máximo fortalecimiento del marco de capital global para adquirir la mejora de su capacidad y poder absorber perturbaciones de tensiones financieras o económicas de cualquier tipo, reduciendo con ello el riesgo de contagio desde el sector financiero hasta la economía real.

Los diversos acontecimientos globales (pandemia, guerra de Ucrania…) han generado un entorno macrofinanciero muy complejo en el que la elevado inflación, la abrupta escalada de los tipos de interés y el incremento de la incertidumbre han aumento los riesgos de entrar en una fase recesiva a escala global, que está teniendo una clara incidencia también en el sector bancario.

La cartera de créditos y préstamos relativa a las empresas y hogares, referida al mes de septiembre, ascendía a 1.6 billones de euros, de los que 947.366 millones correspondían a empresas y 703.218 a las familias, de cuyo total 514.719 millones correspondían a préstamos hipotecarios y 188.518 a préstamos personales y de otra naturaleza.

Una de las perturbaciones más características de su actividad es el riesgo de morosidad que se produce cuando los deudores de sus créditos o préstamos impagan los plazos o cuotas pactadas, dando lugar a diversas consecuencias cuya trascendencia implica, según la dilación de la demora, diversos efectos, especialmente la exigencia de realizar, con cargo a beneficios, una provisión por una cuantía determinada en relación con el montante y el plazo de la dilación de las cantidades impagadas.

El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha manifestado en el Foro Bancos/El Economista: ”La calidad de los balances bancarios ha continuado mejorando hasta el segundo trimestre del año. El crédito dudoso al sector privado residente descendió un 12.4% en este periodo, retomando el ritmo que se observaba antes de la pandemia, a lo que también ha contribuido la venta por parte de algunas entidades de préstamos deteriorados. Como consecuencia la tasa de dudosos de la cartera crediticia de los hogares y empresas se ha reducido al 3.85% hasta el mes de julio. Igual evolución han tenido los préstamos en vigilancia especial, aquellos que los deudores siguen afrontando sus obligaciones de pago pero que muestran algún indicio de potencial deterioro, que han seguido una tendencia descendente hasta representar en la actualidad el 7% de la cartera de préstamos y créditos al sector privado residente, donde se localiza la mayor bolsa de vulnerabilidad“.

No obstante, la rentabilidad del sector bancario español ha continuado mejorando en la primera mitad del año por la mejora del negocio bancario y la repercusión que el aumento de los tipos de interés está teniendo en su cartera de créditos y préstamos, especialmente hipotecarios a tipo variable, lo que ha determinado un incremento del 10% en el margen de intereses y comisiones. Igualmente la ratio de solvencia global de las entidades españolas ha mejorado y, concretamente la relativo a la de capital nivel 1 se ha situado en el 12.9%, 50 puntos básicos por debajo de su mejor nivel, pero ya por encima del nivel prepandemia.

En precisamente por el temor a esa bolsa de vulnerabilidad concentrada más claramente en los préstamos hipotecarios de los hogares, por lo que las entidades financieras, a pesar de la mejora de sus balances y de la reducción de los niveles de morosidad, están presagiando un considerable aumento de los impagos en los próximos meses, lo que les obligará a efectuar dotaciones extraordinarias ante la incertidumbre existente. A finales de septiembre, los cinco bancos que cotizan en el IBEX 35 (Santander, BBVA, Caixa Bank, Sabadell y Bankinter), sumaban 49.402 millones de euros en provisiones para cubrir posibles impagos, lo que supone una tasa de cobertura del 65.07%.

En cualquier caso la evolución real de los impagos será determinante para concretar los importes específicos que las entidades deberán dotar de acuerdo con su situación particular. No obstante, a estos efectos hay que tener en cuenta el efecto mitigador que puede derivarse de las negociaciones que tanto el propio gobierno como las entidades financieras están ultimando para ofrecer en su caso, a los titulares de esos préstamos, soluciones para evitar las situaciones morosas y, en última instancia también será necesario comprobar qué impacto puede tener el colchón de ahorro acumulado por los hogares durante la pandemia que, en algunos casos, podría evitar igualmente situaciones indeseadas, aunque resulta evidente que esta posibilidad será muy reducida por la carestía experimentada por los precios de la energía y los alimentos.

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