El sistema de financiación autonómica está basado en el principio de autonomía financiera, como fundamento de la autonomía política de las comunidades autónomas, recogido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y en consonancia con el de corresponsabilidad fiscal del Estado.
La intención del Gobierno de coalición de cambiar el modelo fiscal actual, en virtud del cual las autonomías tienen la competencia de decidir sobre algunos impuestos, e imponer una armonización fiscal que, según sus particulares objetivos, garantice la igualdad del pago de impuestos en todos los territorios, ha suscitado un profundo debate sobre la disparidad que pagan en cada región. Esta polémica se centra, sobre todo, en los Impuestos del Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, Transmisiones, Actos Jurídicos Documentados, y el tramo autonómico del IRPF, de cuya posible modificación estarían excluidos el País Vasco y Navarra, por gozar de conciertos especiales. La tormenta desatada por esta decisión devuelve a la actualidad un asunto que está pendiente desde 2014.
Cobra especial relevancia en esta ocasión que esta disposición del Gobierno esté provocada por la presión ejercida por ERC para que se comprometa, de forma inmediata, a acometer esta reforma del sistema tributario autonómico, a cambio de apoyar los Presupuestos Generales del Estado. La exigencia incluye recuperar el Impuesto del Patrimonio, a nivel general, al que seguiría la armonización de los relativos a Sucesiones y Donaciones. No puede escapar al análisis la intención solapada de este partido, comandado y respaldado por otras formaciones del mismo signo político, de exigir esta modificación del sistema fiscal autonómico para justificar, ante los electores catalanes, la reciente subida que se ha producido en Cataluña de estos impuestos a instancias de ‘En Comun Podem’ que exigió este requisito para apoyar las cuentas de la Generalitat.
En este sentido expertos, como la presidenta de la Asociación Española de Asesores Fiscales, Stella Raventós, defiende que cada comunidad autonóma tiene libertad para aplicar sus competencias en materia fiscal y “no pueden quejarse de que otras hagan lo contrario”, una armonización fiscal pasaría, a su juicio, por un debate profundo que incluye la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y por otro lado, igualmente el Consejero General de Economistas, Valentín Pich, enfatiza en su estudio “Panorama de la Fiscalidad de las C.A. y Forales, que, en este caso, lo primero sería abordar la actualización del Sistema, lo que permitiría desarrollar unas “reglas del juego” en las que fomentar la competencia fiscal.
En mi opinión, en el fondo de esta demanda subyace un ataque directo contra la Comunidad de Madrid que, por extensión, se proyecta al resto de comunidades que también rebajaron los impuestos concretos señalados anteriormente. No obstante, en cualquier caso, no parece oportuno abrir, en este momento, un debate que, siendo posiblemente necesario, requiere de una amplia discusión, totalmente al margen del mercadeo político que significa esta cesión a un grupo nacionalista para asegurar la aprobación de los presupuestos, que debería incluir una reflexión profunda e indispensable sobre el control de la eficiencia del gasto, aspecto que el sector público parece ignorar como si los recursos fueran inagotables.
