Por IGNACIO VILLAR MOLINA / La buena evolución de la economía española continúa su tendencia positiva marcando nuevos registros efectivos como confirman los últimos datos conocidos relativos al tercer trimestre del año en el que el crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto), en términos anuales, se situó en el 2.8%, a pesar del retroceso del comercio exterior. Así el empleo bate récord, los sueldos mantienen su capacidad adquisitiva y la actividad general exhibe una dinámica muy apropiada que, incluso, extiende sus efectos para ayudar a minimizar los desequilibrios que en otras épocas nos abocaron a una crisis. Por otra parte, la deuda del sector privado se reduce de forma evidente, no se dibujan burbujas de crédito, los pronósticos de instituciones y otras fuentes fiables alargan su respaldo para los dos próximos ejercicios, y los mercados corroboran la confianza en el futuro, lo que permite que la prima de riesgo haya conseguido rebajar su posición incluso por debajo de Francia.
Sin embargo esta eficaz trayectoria no es percibida por las familias españolas con la misma intensidad y de forma tan clara. Los últimos datos del barómetro del CIS señalan que los problemas de índole económico figuraban como uno de los aspectos más destacados que afectaban al 33.8% de la población, muy superior al 23,7 % de octubre de 2015, e insisten en que las diferencias de rentas siguen aumentando. Por otro lado, el índice Gini, medida económica utilizada para medir la desigualdad de ingresos dentro de una sociedad, tomando como valores entre el 0 y el 100, donde el valor 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos los sujetos tienen los mismos ingresos), y el 100 se corresponde con la perfecta desigualdad (una sola persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno), registró para España en 2023 un valor de 31.3, por encima de la media de la Eurozona, según la Encuesta de Condiciones de Vida, que da un 29,6 para el conjunto de la Unión Europea; un 21,6 para Eslovaquia, el país menor desigual en el reparto de las rentas, con ingresos mejor repartidos, que las de Bélgica (24.2) y Países Bajos (26.5).
Es verdad que la evolución de las clase sociales en España han sufrido unas alteraciones muy importantes, más pronunciadas desde el comienzo de los años 60, y más estabilizadas en los últimos 20 años, aunque a lo largo de este período, según la OCDE, se aprecia una bajada de más de 10 puntos en el epicentro de las clases medias, un repunte más destacado en la clase alta y media alta y un retroceso cada vez más pronunciado de las clase media y media baja. Diversas realidades han propiciado estas alteraciones en las que se incluyen: la incorporación de la mujer al trabajo, independencia económica de las mujeres, bajos índices de natalidad, composición de la Unidad Familiar, y tipos de familias o entendimiento de los roles , no como asignación de los roles sino como un reparto de los mismos.
En definitiva, si los datos macroeconómicos exhiben una rotunda mejora otro caso es, según señalaba anteriormente, cómo se percibe esta positiva coyuntura por el grueso de las clases medias tras la sucesión del shock de estos 5 últimos años. Según Raymond Torres, director de Coyuntura de Funcas, este segmento ha sufrido una merma de poder adquisitivo, pese a la mejora salarial observada, la remuneración media por ocupado se sitúa todavía en retroceso con respecto a hace cinco años (descontando la subida de los precios al consumo). Por otra parte, añade Raydmon, “la brecha entre resultados macroeconómicos y la percepción ciudadana es sintomática de nuestro modelo productivo, caracterizado por el escaso crecimiento de la productividad y de las remuneraciones. Sigue siendo el caso de que el tamaño de la economía se incrementa a base de incorporar más fuerza laboral, particularmente la extranjera en los últimos años, y no como mejoras de la eficiencia. Desde el último trimestre de 2019 hasta el tercero de 2024, el PIB se había incrementado un 6,6% y el empleo lo hizo hasta 9.3%, evidenciando un declive de la productividad por empleado, pero no se aprecia una mejora estructural”; y en otro apartado añade: “el déficit de inversión en equipamiento y en mejoras productivas es una limitación de más calado ya que sigue marcado por la debilidad”.
Otras consideraciones anulan la percepción de las familias de la bondad actual de la economía. Por lo que respecta a los salarios su incremento en España desde 1994, ajustados por la inflación, han crecido un 2.8%, mientras en Francia lo han hecho el 28%, y en Alemania un 24%. Además la evolución de la cesta de la compra, según el Instituto de Investigación Urbana de Cataluña (IDRA), pone de manifiesto el encarecimiento de los alimentos básicos que han subido un 33% entre 2019 y 2024, mientras que los márgenes empresariales del sector se han incrementado un 38%. Este encarecimiento desproporcionado impacta en la economía de los hogares, especialmente para los más desfavorecidos. El estudio de IDRA desafía la explicación simplista de la inflación alimentaria basándose únicamente en la leyes de la oferta y de la demanda o en factores externos, sin embargo sostiene que una de las causas estructurales es la gran concentración empresarial y las estrategias corporativas del sector, que domina el oligopolio agroalimentario. Y añade, que los productos más baratos han sido los que más han subido de precio, mientras los que se podrían considerar “gama alta” solo lo han hecho un 23%.
Así mismo no podemos olvidar la desigual evolución patrimonial en España. Desde los años 80 y hasta 2008, la proporción de riqueza acaparada por los más acomodados fue disminuyendo en favor del resto de la población. El año en que llegó la crisis financiera global, cuatro de cada cinco hogares españoles eran dueños de una vivienda, y en muchos casos las propiedades se revalorizaban más que los activos financieros, lo que redujo la desigualdad de patrimonio durante más de dos décadas. Sin embargo la crisis de las hipotecas basura cambió esta tendencia no solo por el derrumbamiento generalizado en los precios inmobiliarios sino por la contundente subida de los activos financieros, tendencia que, a pesar del importante incremento de las viviendas, sigue manteniéndose por el rally que están teniendo las bolsas y otros activos financieros.
Por último, la renta “per cápita” desde 2019 apenas ha avanzado un 3.4% la mitad del PIB real y ello es debido al intenso crecimiento del empleo ya que desde 2019, según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística), se han incorporado más de dos millones de trabajadores, si bien lo han hecho en sectores como el turismo o la construcción, contribuyendo al incremento del PIB, pero ese crecimiento se tiene que distribuir entre más personas.
Por tanto las precedentes consideraciones evidencian la necesidad de elevar el rendimiento social de nuestro crecimiento económico actuando sobre los desequilibrios estructurales que arrastra nuestro modelo económico de forma inveterada, especialmente por lo que concierne a su productividad y eficiencia, mejorando la precariedad del empleo, potenciando la capacidad adquisitiva de los salarios, especialmente de los más bajos, y, en definitiva, restando volumen al alto número de ciudadanos que se encuentran en exclusión social, lo que permitirá una percepción más nítida por las clases más desfavorecidas.
Foto: Vozpópuli.
