MÁS

Ignacio Villar Molina

7 Enero 2020
MÁS

En un estudio de 300 páginas, los economistas del BCE han elaborado un informe en el que analizan los efectos de la política monetaria desarrollada por esta institución en las últimas dos décadas. La conclusión es que hay margen para recortar más el precio del dinero sin acabar con el negocio bancario. La base de este informe se ha basado en una simulación en la que la facilidad de depositar sus excedentes de liquidez en el BCE es  penalizada al -0.75%, desde el –0.50% actual, lo que supondría incrementar este gravamen en un 0.25%, especificando que de llevarse a efecto esta medida aún quedaría muy lejos del temido “reversal rate” (punto en que los tipos negativos harían un daño considerable al negocio bancario). 

El objetivo que el BCE europeo persigue, si finalmente toma esta decisión, formaría parte del grueso de medidas de política monetaria que ha implementado desde la iniciación de la crisis, con la intención de que los bancos no aparquen su liquidez bajo el manto protector del BCE y lo destinen a incrementar el raudal del crédito para familias y empresas, para estimular la actividad económica.

El amago de incrementar las tasas negativas comentadas supondría, a pesar de las conclusiones que recoge el informe elaborado por los economistas del BCE, un nuevo revés para las cuentas de resultados de las entidades financieras que, en los últimos años, se están viendo obligadas a apurar todos los resquicios posibles para mantener el nivel de beneficios en cotas que les permitan retribuir a sus accionistas, obtener un ROE (beneficios sobre recursos propios) demandado por los mercados e inversores y atender a las directivas reguladoras, tanto del ratio de fondos propios como de previsiones y provisiones, exigidas por el BCE.

La alternativa deseable por la que deberían optar los bancos sería, acorde con los fundamentos de su negocio, destinar esos excedentes a facilitar más crédito a la economía real, particulares y empresas, estrategia que les reportaría un mayor margen de intermediación que paliaría sus esquilmadas cuentas de resultados, a pesar de que en esta coyuntura el margen sigue siendo muy estrecho. Sin embargo, las declaraciones de los bancos apuntan a que una notable falta de demanda solvente impide colocar sus excedentes de efectivo en ese canal de negocio como sería su deseo ya que, de acuerdo con su criterio, la relajación de los criterios de concesión de créditos generaría intensas elevaciones del grado de impagos, que les exigiría realizar más provisiones con una repercusión más negativa en sus beneficios de la que les supone pagar por aparcar los excedentes de liquidez no colocados como créditos en el BCE.

En este contexto las entidades financieras están optando, entre otras, por tres vías fundamentales. Por un lado, extremar al máximo el cobro de comisiones a sus clientes, sobre todo si no están suficientemente fidelizados mediante el consumo de varios productos (domiciliación de nóminas, uso de tarjetas, contratación de fondos de inversión o seguros…), seguir en su proceso de digitalización operativa y reducir la tasa de eficiencia (ratio que indica cuántos euros deben gastar para obtener 100 de beneficio), y, en este aspecto, el medio más inmediato utilizado en los últimos años ha sido el proceso de ajuste de su capacidad operativa, que empezó en 2007, lo que ha conllevado una reducción de 20.000 oficinas y de 90.000 empleados, lo que permite suponer que, en este escenario, es más que previsible que este proceso deba continuar ante la persistencia de  los bajos tipos de interés.

Compartir esta publicación