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La constante  pugna entre productores e intermediarios por el reparto de los beneficios de la producción agrícola está, una vez más, en el centro del debate, especialmente si aquellos son los que obtienen el menor lucro y si el gobierno, de una forma un tanto  simplista, ha descargado en la distribución las culpas del recrudecimiento del eterno conflicto, al objeto de soslayar su implicación en este asunto después de las contundentes manifestaciones que están teniendo lugar en los últimos días en diversos  puntos de la geografía española.

Es verdad que cada rama del sector agrícola-ganadero tiene sus problemas concretos pero, al final, existe un aspecto trascendental donde confluyen los intereses comunes de estos sectores, que  provoca el mayor grado de las protestas. Me refiero, obviamente, a la distribución del beneficio generado por la producción, en cualquier caso endémico, especialmente cuando este escaso retorno en origen es usual a la mayoría de las ramas de la actividad agrícola-ganadera.  

Así el primer paso debería centrase en exigir la máxima transparencia en la cadena de distribución y en la formación de los precios, ya que el consumidor puede constatar que existe una brecha descomunal entre el coste de producción y el precio en origen, y el precio que el usuario debe pagar ya que, en muchos casos, alcanza cifras porcentualmente desmesuradas. En verdad que el proceso de transformación y envasado, incluido el transporte hasta los mercados mayoristas y, por último, hasta las tiendas y grandes superficies, es muy prolongado gravando, en cada estadio, el precio final, pero, la transparencia exigible debe detectar en qué punto del proceso se produce el mayor incremento del precio y si el mismo está justificado  o solo obedece al intento de obtener la mayor “tajada” en el tratamiento.

Sin embargo la solución no está sólo en un eslabón de la cadena, desde los productores a los consumidores, y, en este aspecto, están concernidas todas las partes implicadas que intervienen en el proceso de la formación de los precios: productores, distribución y el propio gobierno, como tutor de la transparencia exigible y regulador de la actividad comercial y de la normativa consiguiente para un lícito tránsito comercial a la que deben atenerse los actores para contribuir a evitar este ancestral conflicto.

En mi opinión, es necesario que los productores, en cualquier ramo de su actividad, eviten la atomización de la oferta, tratando de potenciar su asociación bien en cooperativas o sociedades agrarias, al objeto de mejorar su control de los mercados y, por otra parte, tratar de reducir al máximo los costos de producción y establecer acuerdos pactados con los distribuidores que respeten el margen. Por lo que respecta a los intermediarios y distribuidores, deben extremar la transparencia de sus costos y los márgenes que se producen en la cadena de distribución y, especialmente, evitar las prácticas que contribuyen a banalizar el precio de los productos, como el Dumping, entre otras, de las que las grandes superficies comerciales hacen uso constantemente. 

Y, por último, incumbe al gobierno, entre otras cuestiones, ser más contundente en  defensa de estos sectores, especialmente en la negociaciones comunitarias del reparto de cuotas, ayudas y subvenciones; regular, actualizar y adecuar la legislación para  evitar los abusos de alguno de los actores; y controlar y frenar, en su caso, el volumen de importaciones de estos productos para que no alteren el proceso de la comercialización de los productos ni de la formación de los precios.

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