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Por ANTONIO MARTÍN MESA / Si realizamos un breve repaso a la hemeroteca económica de las tres o cuatro últimas semanas encontramos, entre otros, los siguientes titulares:

  • Bruselas recorta hasta el 1,9 por 100 el crecimiento de España en 2019. La desaceleración económica sigue sin dar tregua a Europa.
  • La Unión Europea avisa de que España incumplirá el déficit por falta de presupuestos.
  • España baja el ritmo de crecimiento del PIB y creará menos empleo.
  • La deuda pública española se aleja del objetivo marcado por la UE para 2019. En concreto, en septiembre alcanzó el 97,72 por 100 del PIB, cuando el objetivo marcado para el conjunto del año es del 95,9 por 100.
  • La Comisión Europea, a través del Comisario Pierre Moscovici, avisa al futuro gobierno de España de que reducir la deuda pública debe ser su prioridad.
  • La OCDE manifiesta que la elevada deuda limita la acción de los gobiernos.
  • Bruselas apremia a España a tener un “gobierno estable” que apruebe unos presupuestos, que deben contemplar un ajuste de 9.600 millones de euros.
  • El Banco de España eleva la factura del rescate bancario a 65.725 millones de euros. El reto más inminente es la posible privatización de Bankia.
  • La OCDE recorta el crecimiento de España y alerta sobre la baja creación de empleo. Pronostica que el PIB solo crecerá el 1,6 por 100 los próximos dos años por la ralentización del consumo y el impacto del “Brexit” en el turismo.
  • El gobierno extrae 2.900 millones de euros del Fondo de Reserva, la denominada “hucha de las pensiones”, para poder pagar la extra de Navidad. Desde los 66.815 millones de euros que llegó a alcanzar la “hucha” en 2011, a final de 2019 apenas quedarán 2.150, y ello gracias a los 13.830 millones de euros de los préstamos concedidos por el Estado a la Seguridad Social, tanto en 2018 como en 2019.

Creo que no es necesario seguir dando titulares de lo apremiante que es que tras dos elecciones generales en 2019, que se elevan a cuatro si contabilizamos las de 2015 y 2016, se constituya un gobierno estable y fuerte capaz de afrontar los retos de la economía española en el momento actual: garantizar la viabilidad del sistema público de pensiones; potenciar la creación de empleo; realizar las reformas necesarias para asegurar un crecimiento sostenible de la economía española; recuperar las cotas pasadas del “Estado del Bienestar”, que la crisis se llevó por delante; hacer frente al “proteccionismo comercial” al que Trump está abocando al planeta, esquivando sus efectos más perniciosos; prepararse adecuadamente ante las negativas consecuencias que tendrá en nuestra economía la salida del Reino Unido de la Unión Europea; mejorar un sistema educativo que adolece de evidentes deficiencias como cada año se encarga de recordarnos el Informe PISA; afrontar decididamente los problemas derivados del endiablado “procés” de Cataluña –siempre dentro de la legalidad constitucional y del diálogo-; afrontar los retos del “cambio climático”, que hoy ya nadie con sentido común niega, etc., etc.

No creo que un gobierno con apenas 155 diputados (120 del PSOE y 35 de UP), con los apoyos puntuales de algunos grupos minoritarios y, si acaso, de ERC para la investidura, pueda afrontar estos retos. Es necesario que se alcancen grandes pactos de Estado entre los grupos mayoritarios (PSOE y PP), que garanticen un gobierno estable y unos Presupuestos Generales del Estado a la altura de lo que España necesita.