Hoy estaba previsto el inicio en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Jaén de las sesiones de la macrocausa por el denominado “Caso Matinsreg”, que para resumirlo pronto basta con decir que fue un turbio episodio, en realidad un escándalo municipal hasta que se descubrió el pastel, que cobró vida en la etapa como alcalde de la ciudad de José Enrique Fernández de Moya, que ocupaba al tiempo la presidencia provincial del Partido Popular y que más tarde al dejar el Consistorio recalaría en la Secretaría de Estado de Hacienda, con Cristóbal Montoro como ministro. El caso, que lleva el nombre de la empresa de Toro (Zamora) del mismo nombre, principal involucrada en el procedimiento, junto a otras, se ocupa de unos hechos que pueden parecer cualquier cosa, menos ejemplares, un entramado de empresas, una maraña de nombres y situaciones sobre los que debe aclararse en el juicio todo lo sucedido para llegar hasta el final, caiga quien caiga, porque se trata del honor de una institución, el Ayuntamiento de Jaén, y nadie, ningún político o funcionario, ni por supuesto ninguna empresa, puede mancharlo. La vista, una vez iniciada, se ha pospuesto hasta mañana, martes, por decisión del tribunal, ya que falta el certificado del pleno del Ayuntamiento de Jaén por el que se acordó la personación como perjudicada de la institución municipal, hecho que tuvo lugar en el mes de junio de 2018, siendo alcalde de la ciudad Javier Márquez (Partido Popular). Previamente se habían negado a reconocer los hechos denunciados, porque no había nada que aclarar, de hecho se rechazó una comisión de investigación que más tarde sí fue aceptada, con el mismo resultado que suelen tener estas iniciativas.
Aunque esta mañana, a su llegada al Palacio de Justicia, el principal encausado, José Enrique Fernández de Moya, por su calidad de alcalde cuando sucedieron los hechos que se juzgan, ha hecho declaraciones en el sentido de que numerosos cargos de su partido se habían ofrecido a acompañarle (como la primera vez que fue citado) y él se ha negado para dar la cara y defender ante el tribunal su honestidad, honradez e integridad, lo cierto es que en este momento tan crucial no ha habido nadie que públicamente haya salido en su defensa, por el contrario el secretario provincial del PP, Francisco Palacios, preguntado por los periodistas en fecha reciente, como San Pedro, ahora que tenemos cercana la Semana Santa, le negó varias veces, y solo dijo de él que era un señor pendiente de la decisión de los tribunales. Han dejado solo a Fernández de Moya o así nos lo parece, con lo que ha sido para el PP jienense durante una larga etapa, aunque él reduzca este gesto a que se ha tratado de una decisión personal suya. Así es la política y en general ocurre con casi todas las facetas de la vida, cuando surge la adversidad todos los amigos o las personas que han estado más cercanas, van desapareciendo lenta pero inexorablemente. Si esto ocurre en situaciones normales, excuso decir en un partido político y con un congreso provincial en puertas. Le negarán más veces, al tiempo.
Fernández de Moya llevaba su mensaje bien memorizado, ha tenido tiempo para hacerlo porque hace más de tres años que se inició este camino judicial, y ha querido dejar claras algunas ideas. Por un lado, que solo hay un asunto del que deba defenderse, el levantamiento de reparos legales, para lo que tenía competencias, y que también asumió el pleno de la Corporación, lo ha subrayado. “Vengo a defenderme de lo que a mí se me acusa”, insiste. Otra idea motriz de sus palabras ha sido la dura crítica contra el PSOE por la presentación de “una querella política, una estrategia miserable y canallesca”, ha dicho, para continuar: “Lo afronto con la cabeza alta y la conciencia muy tranquila”, no sin reconocer que “el coste personal es irreparable”, por lo que ha agradecido las numerosas muestras de afecto que, según sus declaraciones, ha venido recibiendo en todo este tiempo a la espera del juicio.
Uno de los últimos documentos de que se tiene constancia ante la celebración de la vista oral, fue con fecha 22 de octubre de 2019, el escrito de acusación formulado por el fiscal Carlos Rueda Beltrán contra José Merino Acero, Isidoro Hipólito Cobo Saiz, Luis Gregorio González Valero, Miguel Ángel García Anguita, Manuel del Moral Negrillo, Agustín Sánchez García y Rodrigo García Cámara. En el escrito de referencia el fiscal interesa “el sobreseimiento provisional respecto de los imputados José Enrique Fernández de Moya Romero y Alicia Merino Fernández (vinculada con una de las empresas del entramado) por no estar debidamente acreditada su participación en los hechos”. Dentro de lo que cabe, un alivio para el imputado exalcalde. El representante del Ministerio Público describe los presuntos delitos y las responsabilidades que llevan acarreadas, todas ellas con penas de prisión, y más duras en el caso de quienes tenían funciones políticas en el Ayuntamiento, así como en el caso del funcionario encargado de dar el visto bueno a las facturas presentadas por las empresas.
Merece la pena detenerse en algunos aspectos recogidos en el escrito de acusación de la Fiscalía, en alusión a las facturas que fueron origen del escandaloso affaire, emitidas entre el 8 de agosto de 2012 y el 15 de septiembre de 2013: “El importe total de dichas facturas asciende a la cantidad de 4.319.373,83 euros, incluyendo partidas inciertas referidas a los precios de los productos químicos utilizados al facturar al Ayuntamiento dichos productos por unos precios muy superiores a los pagados por su adquisición por Matinsreg SLU, pues si el importe total de adquisición durante dicho periodo fue de 17.423,50 euros (sin IVA), al Ayuntamiento se facturó por 1.472.276,66 euros (sin IVA)”, lo ya sabido de productos como la lejía a precio de oro. Pero sigue: “La factura de mano de obra también comprendía un número de horas excesivo que no se ajustaba a la realidad pues se facturó por un importe total durante el periodo ya expuesto la cantidad de 1.392.090,66 euros (sin IVA) que corresponden a un total de 48.236 horas, que equivale a un número de trabajadores en la mayoría de los meses del periodo citado, comprendido entre 22 a 29, que la empresa Matinsreg nunca tuvo contratados. En definitiva, el sobrecoste que le ha supuesto al Ayuntamiento la prestación de los servicios de mantenimiento y reparación de fuentes ornamentales y de beber por parte de Matinsreg SLU durante el periodo dicho como consecuencia de la facturación fraudulenta asciende a la cantidad de 4.238.317,22 euros”.
Después, entre otras cosas, el fiscal solicita para los acusados, aparte de las penas por la comisión de los delitos, en su caso, la indemnización al Ayuntamiento por la cantidad total de 4.954.498,18 euros, cantidad que podrá ser aumentada en la forma establecida por la ley, así como del pago de la referida cantidad responderán la mercantil Matinsreg SLU y el resto de las mercantiles afectadas por el procedimiento, que son: Merino & Fernández Consultoría de Calidad SL, Merino & Fernández Consultoría Técnica SL, Air Studio Arquitectura e Ingeniería SL, Comidid SL y Cobo & Sanz.
En resumen, que la Justicia casi siempre llega tarde, porque ha pasado mucho tiempo, pero al final este asunto que produjo tan grave quebranto a las arcas municipales, tan mal como están las pobres, se va a juzgar, y con independencia de que será en la vista donde se depuren las responsabilidades y no hay que dar nada por presumido previamente, lo que se espera de estas semanas que va a durar la macrocausa, es que se delimiten y se juzguen los delitos, como es normal, y algo también muy importante porque nos afecta a todos los ciudadanos, ya que se trata de “nuestro” dinero, es que el Ayuntamiento pueda recuperar los más de cuatro millones que salieron indebidamente de las arcas municipales. Todo lo demás lo sabremos en menos de un mes, cuando la sentencia esté dictada.
Foto: El mantenimiento de las fuentes de la ciudad de Jaén están en el origen del escándalo.
